VIAJE AL LIMBO DE LA INMIGRACIÓN

 

El anuncio del Gobierno de Zapatero de «papeles para todos» y de revocación de los decretos de expulsión vigentes que establece la actual Ley de Extranjería provoca el caos y el desconcierto. Mientras Interior sigue transportando a inmigrantes irregulares y no expulsables de Canarias a la Península a un ritmo de 9.000 al año, 85.019 órdenes de deportación esperan su cumplimiento.
«Residencia o corto cuello».

 

A la funcionaria que acaba de abrir la ventanilla de atención al público del Departamento de Cédulas de la Brigada de Extranjería de Madrid se le hiela la sangre. Son las nueve de la mañana del viernes 19 y el día no podía empezar peor. «Residencia o corto cuello», repite enfurecido, y entre bufidos, un joven de color, de 1,80 metros de estatura, que al otro lado del mostrador subraya la amenaza recorriendo con el dedo índice su propio pescuezo. Aterrada ante las exigencias del más madrugador de los numerosos peticionarios a los que deberá atender hoy, la trabajadora avisa a seguridad. Entonces, dos policías sacan al tipo del edificio, le instan a que se tranquilice y a que se vaya. Pero Kelly no está dispuesto a marcharse sin su cédula de identificación, a la que tiene derecho, y que a estas alturas le importa bien poco porque lo que reclama cuatro horas después es un permiso de residencia. Así, sin más. De modo que, al acecho, aguarda merodeando en las inmediaciones. Y cuando la administrativa, en compañía de otra funcionaria, sale a la vía pública y se aleja de las dependencias policiales, el reclamante se le echa encima; rápida de reflejos, consigue eludir el zarpazo y corren. Comienza una persecución hacia el paseo del Prado. Al fin, las dos mujeres logran refugiarse en el vecino edificio del Ministerio de Educación, del que sólo saldrán tras la detención del agresor, conducido por los policías a los calabozos de la Comisaría de Centro. El turno de reclamación ha terminado por hoy para este inmigrante que llegó en patera a Fuerteventura el pasado mes de febrero y que tras cumplir 40 días en un centro de internamiento para extranjeros en la isla fue trasladado a Madrid en avión por Interior y, junto con otro grupo de inmigrantes, dejado a su suerte en el corazón de la capital, por donde vaga desde entonces.

Se calcula que son unos 9.000 los que como Kelly O., de 26 años, nigeriano sin documentación al que su país no reconoce y por tanto imposible de deportar, son trasladados anualmente desde Canarias hasta la Península, con destino Madrid; pero también Málaga y Murcia formado parte de la hoja de ruta, como es sabido en medios policiales. Todos los días, según dijeron a Los Domingos de ABC agentes especialistas en Extranjería, un vehículo policial recoge en el aeródromo de Barajas a un nutrido grupo de «sin papeles» y los traslada a las sedes de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, donde estos discretos «invitados» de Interior pueden recibir los mínimos de subsistencia: cama y comida. Luego, como Kelly, acaban fijando sus domicilios en estos albergues, como el de Valdecanillas, en donde tiene declarado el suyo el nigeriano. Se trata de un traslado habitual. Cuando este periódico quiso confirmarlo oficialmente en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tan sólo obtuvo como respuesta un «no hay comentarios sobre el asunto». Ocultamiento sorprendente el que rodea a este trasvase de ilegales, que, sin embargo, no es ningún secreto para los funcionarios policiales que lo realizan rutinariamente.

Campar sin control

Tampoco es un misterio el futuro del amenazante nigeriano Kelly: encarcelado desde el pasado domingo por orden del juez de guardia, logrará pronto la cédula de identificación que ya está firmada, y en un año tendrá en su poder la ansiada residencia. Entonces, ya nadie podrá echarle de España. Además, ¿adónde se le podría expulsar? Crecidos ante la impunidad, impunes ante la confusión y confiados en los beneficios del «papeles para todos» anunciado por el Gobierno de Zapatero, los inmigrantes irregulares campan sin control. Y la Policía, ante la expectativa del nuevo reglamento, no sabe a qué atenerse.

Pero pese a lo que pueda parecer, para el Ministerio del Interior la cosa está muy clara. Al menos, eso contestó un portavoz del Gabinete de José Antonio Alonso a preguntas de este periódico: «No se ha dado ninguna instrucción a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que se relaje el cumplimiento de la actual Ley de Extranjería, que debe aplicarse con todo rigor». Y como prueba de tal contundencia, los datos: «El presupuesto para repatriar extranjeros en 2005 asciende a 26,01 millones de euros, un 40 por ciento más que este año. Asimismo, se ha decidido crear, a través de la Dirección General de la Policía, una Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, y reforzar la vigilancia de fronteras y puestos fronterizos, como el aeropuerto de Madrid, por el que pasan anualmente 35 millones de pasajeros. La nueva política de inmigración puesta en marcha por el Gobierno apuesta por ordenar los flujos migratorios, combatir la inmigración ilegal e integrar a los inmigrantes que están regularmente en España».

Es más, desde la Delegación del Gobierno en Madrid, que debe firmar los decretos de expulsión en esta Comunidad, se aseguró a ABC que no se había dado ninguna recomendación a la Policía para «hacer la vista gorda» con los irregulares, pese a que dentro del Cuerpo se llegó a hablar incluso de la existencia de una instrucción en ese sentido. «No sólo no se han dado tales pautas -declaró un portavoz gubernativo-, sino que entre enero y octubre se ha expulsado a 919 personas con 1.810 causas penales, un 17 por ciento más que en igual período del año anterior».

Paradójicamente, sin embargo, corre imparable entre los policías lo absurdo de incoar más expedientes de expulsión cuando no van a ejecutarse, a tenor de las palabras de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y el anuncio de la regularización masiva para los primeros meses del próximo año. El mismo comisario general de Extranjería, José María Araujo, y ante representantes de ONG que atienden la inmigración, ha tachado de «canallada» el llevar a cabo deportaciones que en dos meses no tendrían sentido, y ya hay un auto, del 28 de octubre pasado, de una juez de Madrid que impide que se ejecute una orden de expulsión e instando a la Policía a dejar libre a una inmigrante irregular que ejercía la prostitución en San Sebastián, argumentando como razón definitiva «la inminente entrada en vigor en materia de extranjería que estará en disposición de regularizar su situación en España». Entonces, ¿en qué quedamos?, inquieren los agentes.

En medio de este caos, al menos una cosa está clara: las declaraciones de Rumí sobre el reglamento que desarrollará la Ley de Extranjería y que prevé la revocación de oficio de las órdenes de expulsión dictadas por las Subdelegaciones del Gobierno en toda España -y publicadas en el BOE- han levantado ampollas entre los Cuerpos de Seguridad del Estado. La Confederación Española de Policía (CEP), que representa a 17.000 agentes, ha dicho que «esta decisión, adoptada en el legítimo ejercicio de las labores de Gobierno, es un desprecio al trabajo realizado durante los últimos años por los miles de compañeros que trabajan en el área de extranjería. Cada una de esas 85.019 órdenes de expulsión van precedidas de 85.019 detenciones y un 5 por ciento de ellas corresponde a personas que tienen abiertas causas judiciales en España». No olvidan los policías que la mayoría de los terroristas que perpetraron la matanza del 11-M, empezando por el cerebro del ataque, el argelino Allekema Lamari, tenía sobre su cabeza decretos de expulsión que nunca se ejecutaron, lo que les permitió moverse libremente por España. «No se trata de criminalizar la inmigración -señalan-, sino de que esa brecha que hizo posible los ataques de marzo se pueda cerrar. Y nuestros gobernantes no lo ven».

«Además, no nos vale -advierte la CEP en un escrito- que la señora Rumí argumente que la responsabilidad es del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pues, excepto ella, todo el mundo entiende y asume que un fenómeno como la inmigración, si se gestiona mal, puede llegar a ser un grave problema para la seguridad pública. Y tampoco nos vale que se nos diga que la revocación se efectúa porque las órdenes afectan a ciudadanos inexpulsables, porque es mentira. De las 85.019 órdenes vigentes, el 70 por ciento, es decir 59.142, lo son de nacionales de países con los que en la actualidad existe convenio de repatriación: Marruecos (31.122), Ecuador (11.702), Rumanía (10.122) y Colombia (6.196)».

La norma imposible

Según Rodrigo Gavilán, portavoz de esta organización policial en materia de Extranjería, lo que deberían hacer Rumí y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, «es ponerse un uniforme y salir a patrullar como nosotros para ver realmente lo que se cuece ahí fuera. ¡Pues claro que han bajado las detenciones por infracciones a la Ley de Extranjería! A un extranjero le detengo, le llevo a la comisaría, le abro un expediente de expulsión, se lo incoo, se lo notifico y le pongo en libertad. Aun ingresándole en el centro de internamiento de Madrid, que sólo tiene 60 plazas, no le vamos a poder expulsar, porque sólo puede estar internado un máximo de 40 días y el delegado del Gobierno tarda doce meses en resolver y firmar el decreto. A esas alturas ¡échele un galgo al inmigrante! ¿Cómo vamos entonces a cumplir la ley? Por eso en la Policía hemos dicho "se acabó". Las 85.019 órdenes de expulsión que ahora quedan sub iudice por el nuevo Reglamento de Extranjería han sido a cambio de una foto: la de la señora Rumí, que por lanzar el mensaje de que su Ley de Extranjería es consensuada, se ha arrollidado ante las ONG anulando todas esas órdenes fruto del trabajo de las brigadas de Extranjería de toda España durante los años 2002, 2003 y 2004. Y frente a este despropósito, el silencio del principal grupo de la oposición, el PP, que no ha abierto la boca ante tales desmanes. Algo que en el CEP nos parece, cuando menos, asombroso».

Por si esto fuera poco, se cierne sobre el actual desastre penitenciario la intención anunciada del Gobierno de modificar el artículo 89 del Código Penal que establece la conmutación de la pena de menos de seis años por la expulsión. «Las cárceles -se alega desde el cuerpo de funcionarios de prisiones- no van a dar abasto si aumenta masivamente el número de extranjeros condenados. Hoy ya hay 16.450 extranjeros presos en España y los conflictos están a la orden del día. Nos tememos que el ingreso de más reclusos obligaría a modificar el tercer grado penitenciario, que sería utilizado como válvula de escape, provocando el ingreso en prisión de miles de delincuentes extranjeros y la salida de otros muchos a la calle. Sin duda, un nuevo golpe para nuestra seguridad».

Y las ONG, a pesar de todo, tampoco acaban de ver clara la jugada de Rumí. Mauricio Valiente, coordinador nacional del Servicio Jurídico de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), organización por la que pasan anualmente 30.000 inmigrantes, ha reconocido a ABC que «es indudable que vivimos en un sinsentido, que tiene que ver cómo se ha regulado esta materia con normativas, tanto leyes como reglamentos, que no se pueden cumplir. Por eso el 80 por ciento de las expulsiones no se ejecutan. Si se considera como dato oficial el de un millón de inmigrantes irregulares, es evidente que se trata de un millón de personas susceptibles de ser sancionadas con la deportación. Una sinrazón permanente que se agrava con la inminencia de un procedimiento regularizador masivo, como antes hubo otros, y que nos coloca durante demasiado tiempo en la esquizofrenia de unas normas imposibles. Y no es que seamos un caso aparte en la UE: buena parte de los irregulares que entran en España lo hacen a través de los Pirineos».

«En CEAR -subraya Valiente- no nos parece que sea de recibo la regularización por procedimientos extraordinarios, sino que es necesaria una legislación estable que se cumpla. Si el Estado es incapaz de devolver a un inmigrante a su país de origen porque no le documenta ni le reconoce y por tanto no le acepta, éste no puede quedarse en España durante tres o cuatro años en una especie de limbo. La falta de visión política provoca que no se establezcan prácticas que vayan desaguando el gigantesco tapón administrativo que se ha creado con cientos de miles de casos sin resolver y que una regularización masiva sólo resuelve momentáneamente hasta que, cerrado de nuevo el grifo y sin un aumento de los controles, el tapón vuelva a formarse. Estamos hartos de oír que "esta regularización es la última". España necesita normas que se ajusten a la realidad, que se hagan consultando a los funcionarios sobre los que recae todo este trabajo y a las organizaciones que hacen de intermediarias entre el inmigrante y la Administración».

Lo peor, la impunidad jurídica

Para Valiente, lo mejor de esta nueva oferta de «papeles para todos» es que «muchos podrán resolver su situación; y lo peor, que se crea una gran impunidad jurídica». Tanto el PP como CIU han manifestado su temor ante el efecto llamada de la medida, y el anuncio gubernativo de regularización generalizada ya ha provocado tanto en CEAR como en otras organizaciones similares un colapso de todos los servicios. «Llegan en masa -explica Mauricio Valiente- y a través de charlas colectivas les explicamos que a día de hoy la información es muy variable, que no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los requisitos... Y se les dejan muy claras cuatro cosas: no te lo tomes al pie de la letra, vas a necesitar un contrato de trabajo, tal vez sea necesario el empadronamiento con una antigüedad de seis meses y pueden pedirte un certificado de penales». ¿Y cómo va a conseguir un documento de esta índole un sujeto como Kelly O., llegado en patera, sin pasaporte y al que su país no reconoce? Sin papeles, sin expulsión, Kelly es por derecho ciudadano del limbo de la inmigración en España, donde habitan cientos de miles de almas.