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Inmigración

Esperanza Aguirre ¿La cara dura del Partido Popular?
Manuel Leal
 
 
“¿Cantamos unas canciones patrióticas?” Esto susurraba hace tiempo la presidenta de la Comunidad de Madrid al oído de un Gallardón con cara de compromiso. Parece ser que pensó que los que los micrófonos estaban apagados y el gazapo recorrió todas las televisiones. Hace días tarareaba ante el micro, esta vez inequívocamente abierto, el himno español jaleando a su público. ¿Se trata de espontaneidad, despistes o de acciones premeditadas? Esperanza Aguirre quiere ser la nueva Dama de Hierro y liderar con visos de promoción lo que de cara a la galería pudiera ser el ala dura del PP. Por ello trata de rebasar en su ascensión por la derecha, al alcalde de Madrid y al presidente de su partido.

 



Sin embargo su sobreactuada defensa de lo español se contradice estruendosamente con su política de inmigración, posiblemente una de las más benévolas de Europa. En plena crisis ha destinado en su Plan de Integración para Extranjeros de la Comunidad 7.397 millones de euros para los próximos cuatro años, los que van de 2009 a 2012. Esta cifra duplica el coste del soterramiento de la M-30, la criticada obra que ha llevado una deuda sin precedentes históricos al ayuntamiento de la capital. Durante la presentación del plan, la presidenta rodeada de inmigrantes ostentosamente afectos y sonrientes, se mostró muy satisfecha según sus propias palabras de protagonizar “la mayor inversión en integración que se realiza en toda España”.
 
 
Aguirre, firme defensora del voto inmigrante.
 
Tales alardes de fastuosa solidaridad no son nuevos. ¿El motivo? La presidenta hace campaña para atraer el voto inmigrante del que se ha declarado partidaria en múltiples ocasiones. El Gobierno de Zapatero se está dando mucha prisa por regularizar la situación de los inmigrantes extracomunitarios de al menos 15 países para que puedan votar en las próximas elecciones municipales. La medida podría afectar a 1.100.000 inmigrantes en todo el Estado. A estos podrían sumarse entre medio y un millón más de nuevos votantes gracias a la Ley de Memoria Histórica, al permitir esta la doble nacionalidad para hijos y nietos de exiliados. Como se puede imaginar, la inyección de votantes será especialmente abultada en Madrid.
 
 
Los inmigrantes primero.
 
Aguirre teme que los nuevos sufragios acaben con su carrera y olvida su defensa de lo patrio cuando para sumar papeletas no duda en menospreciar a los madrileños. Así asegura que en la Comunidad no hay inmigrantes porque avanzamos, sino que avanzamos porque hay inmigrantes”. Hasta tal punto fuerza sus posiciones que durante la inauguración del Centro Hispano Americano de la CAM en Leganés, llegó a declarar que 'rechazaba todo tipo de redadas hacia los inmigrantes”, mostrando “su oposición a la estrategia de amedrentamiento que suponen las detenciones de ilegales”. Ya nos contará la presidenta como espera velar por su anunciado “cumplimiento de la legalidad” e “igualdad de condiciones”, si aquel que transgrede la ley, en su opinión, no debe ser detenido.
           
 
Inmigración, un factor económicamente negativo en la CAM.
 
Hace años que conocemos el carácter deficitario del gasto cuantificable de la inmigración legal (más aún el ilegal). Aguirre comenzó su legislatura en 2006. Fue entonces cuando Fernando Merry del Val y Lucía Figar, en una investigación para las Consejerías de Economía e Innovación Tecnológica y de Inmigración de Madrid, establecían empírica y tajantemente que las aportaciones acumuladas de los inmigrantes vía IRPF, IVA y cotizaciones a la Seguridad Social, eran inferiores a sus gastos en servicios sociales, sanidad y educación.
 
En aquel momento los extranjeros suponían un 12% de los afiliados a la Seguridad Social, pero cifraban su aportación a esta en tan solo un 6%. El periódico Expansión advertía que mientras la población inmigrante reconocida en la autonomía representaba el 12%, consumía el 46% de la factura en programas sociales. Su impacto negativo en las arcas públicas quedaba patente.
 
Claro que el gasto cuantificable es solo una pequeña parte. El incremento de población que suponen los inmigrantes ha obligado a una auténtica explosión de inversiones en carreteras, conducciones de agua y gas, urbanizaciones, nuevos colegios, hospitales y centros de salud, comisarías, juzgados, prisiones o ayudas especiales a extranjeros como guarderías, comedores o educación.
 
Hoy, tras años de mandato las cifras son aun peores. Según los datos del Informe de Población Extranjera a enero de 2009, en la CAM viven oficialmente 1.108.920 inmigrantes que representan el 17% de la población total. De estos solo cotizan a la Seguridad Social 412.415. Lo que supone que el 73% de los inmigrantes de la Comunidad no cotiza. La conclusión es que nos encontramos ante un crecimiento extremo de la población inmigrante no contributiva. Estas cifras, que sin duda conoce la presidenta, deberían hacerle revisar un  par de profundas incongruencias.
 
 
O ellos o nosotros, no hay para todos.
 
En primer lugar aunque parezca una perogrullada, el primer paso para defender lo español, es defender a los españoles. Es una gravísima injusticia, más aun en tiempos de crisis, que su administración sitúe a los españoles en el mismo nivel o por debajo de las probabilidades de ayuda y asistencia que a los extranjeros, cuya aportación a la caja común como demuestran las cifras es, según los casos, o prácticamente inexistente o manifiestamente deficitaria.
 
Los ayuntamientos y comunidades con capacidad de realizar políticas sociales y otorgar beneficios, han llegado a esta posibilidad gracias al esfuerzo de desarrollo conjunto llevado a cavo durante muchos años, incluso generaciones, mediante  impuestos, tasas o negocios. Es por ello que la participación demostrada en este esfuerzo, o lo que es lo mismo, el simple hecho de ser español, debe tener un peso determinante en la adjudicación de cualquier beneficio.
 
 
El voto no es una mercadería.
 
En segundo lugar debería replantearse su posición ante la adquisición de la nacionalidad y el voto. Ambos son derechos políticos, no económicos. No deben obtenerse a cambio del trabajo,  el pago de impuestos o cotizaciones. La actividad económica debe dar exclusivamente derecho a beneficios económicos como son el acceso la salud, la educación o diversas coberturas sociales. Además estos derechos económicos no deben ser en ningún caso ilimitados, si no  proporcionados en función de la aportación acumulada cada inmigrante a las arcas públicas.
 El voto es un derecho político que debe vincularse exclusivamente al arraigo y pertenencia demostrada a la comunidad, tanto en tiempo como en el acuerdo de sus valores. Es una aventura de graves consecuencias otorgar capacidad de decisión sobre el común a quien ayer no pertenecía a la comunidad y mañana puede dejar de hacerlo, o a quien pueda obtener parcelas de poder que alimenten desde dentro de las democracias occidentales valores contrapuestos a estas, como los colectivos islámicos.
 
 
¿Oposición? ¿Qué oposición?
 
Así las cosas el PP no es oposición si no continuidad. Aguirre no encarna la defensa de lo español si no su utilización con fines electorales. Cuando de nuevo sean ustedes espectadores de algún episodio de patrioterismo con los que seguro nos regalará Esperanza, empleen unos instantes en contrastar su contenido. Quizás en adelante algunos votantes más convendrán con nosotros en que efectivamente… estamos ante una de las caras más duras del Partido Popular. 
 

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