Sólo 140 subsaharianos de los 6.700 llegados a las costas españolas en lo que va de año han sido devueltos a Mauritania. Cerca de 6700 subsaharianos indocumentados han llegado a las costas canarias en lo que va de año. Unos 2000 están en centros de internamiento y 4600 se encuentran en la Península. Sólo 140 han sido devueltos a Mauritania, según los datos que maneja la Confederación Española de la Policía (CEP).

El problema es que Mauritania no readmite nunca", advierte Rodrigo Gavira, portavoz de CEP, que agrupa a 19.000 policías nacionales. Hasta el momento, las autoridades mauritanas estarían dificultando las repatriaciones desde España, hasta el punto de hacer abortar en el último momento un operativo de 90 policías, preparados para devolver en avión a 180 subsaharianos, el pasado martes.

Aunque existe un acuerdo de repatriación con Mauritania, al igual que con Marruecos, Nigeria, Guinea Bissau y Argelia, la decisión final queda en manos de las autoridades de esos países. "Y las repatriaciones no se pueden realizar si Mauritania dice que los inmigrantes no son suyos, sino de Senegal, y en Senegal dicen que son de Cabo Verde", advierte el portavoz de CEP, quien asegura que detrás de todo ello se esconden razones económicas.

"En diciembre de 2005 el Gobierno español 'pagó' 40 millones a Marruecos a efectos de colaboración en materia de inmigración, para que tuvieran más medios para que la policía actuara, pero la realidad es que pagó. Mauritania ha visto que, si presiona, puede conseguir 40 millones y por eso no está dispuesta a readmitir a sus nacionales", señala Gavira. "Por eso, más que la ofensiva diplomática que ha anunciado el Gobierno para solucionar el problema, debería hablarse de ofensiva económica", añade.

Los subsaharianos salen de las costas mauritanas y senegalesas. Según el tamaño de la embarcación, la procedencia es de un lugar u otro, de forma que los cayucos procedentes de Mauritania miden 14 metros y transportan a unos 40 ó 45 indocumentados, y los de Senegal -más lejos- tienen 24 metros de eslora y transportan a entre 70 y 90 inmigrantes. Para que el Cuerpo Nacional de Policía pueda ejecutar su expulsión del territorio nacional se necesita acreditar su país de procedencia. Pero evidentemente los inmigrantes llegan sin documentar, apenas hablan español y, los que lo hacen, mienten sobre su procedencia.

El Reglamento de la Ley de Extranjería fija 40 días para que la policía realice las gestiones necesarias a la identificación de los inmigrantes que, mientras tanto, pasan a centros de internamiento. Pasado ese plazo, si no se ha acreditado su procedencia, son puestos en libertad.

"Para que Canarias no soporte en exclusiva esa presión, el Ministerio del Interior fleta a diario los conocidos como "vuelos solidarios", aviones ATR 75 Y ATR 45 de Swissair, que trasladan a Madrid, Murcia, Málaga y Valencia a los inmigrantes que van a ser puestos en libertad", explican en CEP. "Desde CEP no nos hacemos responsables de lo que sucede ni de lo que pueda suceder a corto plazo con este desorden migratorio. El problema es de quienes negociaron el proceso de regularización de extranjeros y el Reglamento de la Ley de Extranjería, unas conversaciones a las que no fuimos invitados, ni tampoco las asociaciones de la Guardia Civil ni las de jueces y fiscales o subinspectores de Trabajo. No nos han tenido en cuenta y ahora no nos hacemos resposables", advierte Gavira, para apostillar que el propio Gobierno canario, "que ahora se echa las manos a la cabeza", también apoyó el proceso de regularización y el Reglamento.

La cancelación del operativo de última hora del pasado martes con 180 subsaharianos a punto de ser devueltos no ha tenido explicación por parte de Exteriores. "Imagino que hubo negociaciones, hasta el último momento España pensó que Mauritania iba a aceptarlos y al final se negó", opina el portavoz de CEP.

Recuerda además que tampoco es la primera vez que suceden estos imprevistos y recuerda que el 4 de marzo otro vuelo con 60 subsaharianos regresó a Madrid desde Guinea Bissau porque las autoridades de ese país se negaron a readmitirlos "y los dejaron en libertad en Atocha".

Por cada inmigrante que se traslade se movilizan dos policías, según la Ley de Extranjería. Lo habitual es que este tipo de vuelos movilice a unos 90 agentes en las diferentes fases del proceso. "El alquiler diario de los aviones cuesta 16 millones de las antiguas pesetas para un vuelo de Madrid a Mauritania. Eso quiere decir que la anulación de un vuelo en el que se hubieran invertido 3 días cuesta 32 millones.

Para Gavilán, se trata de un problema de "descoordinación, partiendo del absurdo de que la inmigración es una materia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con permiso del de Exteriores, coordinado por Vicepresidencia y ejecutada por Interior