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El proceso de regularización de trabajadores inmigrantes comenzará esta tarde en 160 oficinas de la Seguridad Social que comenzarán a tramitar las primeras solicitudes de empresarios que quieran legalizar a sus empleados extranjeros. Las oficinas permanecerán abiertas entre las 16:00 y las 19:00 horas hasta el próximo 7 de mayo en todas las provincias para los empleadores. Esta vez, salvo las personas que trabajen en el servicio doméstico en varios hogares, o lo que es lo mismo todos los que les de la gana, los inmigrantes no participan directamente en el proceso. |
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L D (EFE) Por regla general, los empresarios o empleadores deberán presentar el pasaporte del trabajador y su certificado de antecedentes penales, el contrato firmado por ambos por un periodo mínimo de seis meses, el certificado de empadronamiento anterior al 8 de agosto del 2004 y la documentación correspondiente a la empresa.
La Comunidad de Madrid, con 30 oficinas abiertas, espera gestionar casi un tercio de todas las solicitudes, ya que según cálculos de la delegación del Gobierno alrededor de 248.000 irregulares podrían participar en el proceso. A partir de este lunes empleadores e inmigrantes podrán informarse a través del teléfono 902401015 de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a nueve de la noche.
Según los datos del padrón, hay más de tres millones de inmigrantes y los permisos de residencia elevan a 1,8 millones el número de extranjeros "legales", con lo que habría cientos de miles de "irregulares" en el país, aún descontando las duplicidades en el padrón, a las personas que han abandonado el país o a las personas que no se encuentran en edad de trabajar (niños, ancianos).
Desde 1991 es la séptima ocasión en que se pone en marcha un proceso de normalización para dar respuesta a los trabajadores extranjeros en situación ilegal, iniciativas de las que se beneficiaron 600.000 personas. Los extranjeros "sin papeles" dispondrán de tres meses para regularizar su situación si un empresario les contrata por un periodo mínimo de seis meses, demuestran una estancia en España de al menos medio año y carecen de antecedentes penales.
Por primera vez no será el inmigrante sino el empleador o empresario quienes deberán dirigirse a las oficinas de la Seguridad Social para presentar la documentación requerida (en vez de acudir a las oficinas de extranjería). Transcurridos los tres meses comenzará a operar una unidad especial de la Inspección de Trabajo que podrá imponer multas de hasta 60.000 euros a los empresarios que contraten en condiciones fraudulentas a los extranjeros.
Los inmigrantes que no legalicen ahora su situación tendrán otras fórmulas para hacerlo: el régimen general para contratar a un extranjero (ocupaciones de difícil cobertura por parte de los nacionales); contingente (que define anualmente la contratación programada de trabajadores que se necesitan para determinados sectores); reagrupación familiar; arraigo social (tres años viviendo en España); y arraigo laboral (residencia durante un mínimo de dos años).
