Una ministra pide que se prime a los ingleses en el reparto de las viviendas de protección oficial. Para la titular de Industria, la actual política de vivienda está marginando a los británicos con menos recursos. Mientras las clases medias pueden permitirse pagar una casa del infladísimo mercado libre, los obreros tienen que competir con los inmigrantes por los pisos subvencionados

En las barriadas obreras de Londres, la queja es frecuentísima: cada vez que un piso de protección oficial se queda vacío, las autoridades se lo entregan a una familia de extranjeros. Sean verdad o mentira, este tipo de lamentos acapara las conversaciones a pie de calle, pero los políticos prefieren esquivarlos, conscientes de los riesgos de pronunciarse sobre un tema tan resbaladizo. De ahí el escándalo mayúsculo ocasionado ayer por las declaraciones de Margaret Hodge, que pidió que los residentes británicos disfruten de prioridad sobre los inmigrantes a la hora de acceder a pisos de protección oficial que reparte el Gobierno. «Si decides por tu cuenta mudarte a Gran Bretaña, ¿por qué asumes que tienes el derecho a un vivienda social?», se preguntó la ministra.

Para la titular de Industria, la actual política de vivienda está marginando a los británicos con menos recursos. Mientras las clases medias pueden permitirse pagar una casa del infladísimo mercado libre, los obreros tienen que competir con los inmigrantes por los pisos subvencionados. Como las autoridades distribuyen las llaves en función de las necesidades económicas, sin tener en cuenta la nacionalidad de las familias, muchos nativos languidecen en interminables listas de espera. «A algunos les resulta tentador echar la culpa de sus frustraciones a los recién llegados», escribió en el dominical «The Observer».

Para Hodge, la solución sería ampliar el abanico de criterios de reparto de las viviendas sociales para incluir la nacionalidad o las contribuciones a la Seguridad Social. «Hay gente que ha crecido en su barrio, que cree que tiene derecho a una casa, pero en muchos casos no pueden ejercerlo por las necesidades de familias de inmigrantes», denunció Hodge.

Sus palabras provocaron una tormenta en el seno del laborismo, poco acostumbrado a este tipo de autocríticas. El portavoz de Tony Blair defendió el derecho de la ministra a expresar su opinión, pero puntualizó que la única solución es construir más viviendas sociales.

Críticas

La virulencia de las reacciones evidencia las crecientes dificultades del centro izquierda para proteger a la vez a dos de sus colectivos favoritos: los inmigrantes y los obreros. Los laboristas respaldan la llegada de extranjeros no sólo por razones humanitarias, sino para mantener la competitividad de la economía.

Sin embargo, las clases bajas pagan los desequilibrios provocados por la llegada de foráneos, como la competencia por los trabajos peor pagados, la presión sobre los servicios públicos o el aumento de la pequeña delincuencia en los barrios más modestos.

Precisamente, la ministra Hodge, nacida en Egipto, representa en los Comunes al distrito de Barking. Según ella, la inmigración se ha convertido en uno de los escasos tabúes que permanecen en pie en la sociedad británica, lo que está agravando aún más el problema. «Si no escuchamos sus quejas, no podremos convencer a la gente de que estamos de su parte mientras aprenden a vivir con sus nuevos vecinos en la sociedad tolerante y multirracial que la izquierda liberal desea», escribió Hodge.