El procedimiento que se seguía hasta ahora era el siguiente: cuando un indocumentado era detenido por la Policía por entrada irregular en España se le abría un expediente de expulsión a la par que se le facilitaba un abogado de oficio, tal y como establece la Ley de Extranjería. El letrado tenía 48 horas para formular alegaciones. A partir de entonces, la Delegación del Gobierno tenía un margen máximo de seis meses para resolver la expulsión y notificarla al afectado. Pasado este tiempo, el trámite caducaba y el inmigrante podía «librarse» de la expulsión. Sin embargo, si se daba la circunstancia de que la Administración resolvía antes de este margen de tiempo, como ocurre en Ceuta, el problema con que se encontraba es que no había ninguna dirección conocida a la que remitir al extranjero la firmeza de la expulsión o el inmigrante ya se había marchado de allí. Entre otras cosas porque Ceuta es considerada para los inmigrantes como una ciudad de paso y es el mismo Gobierno el que, cuando ha habido llegadas masivas, se encarga de trasladarlos a la Península en los llamados «vuelos solidarios» (en este caso «ferrys solidarios») para aliviar la presión migratoria de la Ciudad Autónoma.

   Así, ante la imposibilidad de contactar con el afectado para notificarle las malas noticias, la Administración acababa publicando en el BOE la firmeza de la orden sin que el inmigrante pudiera llegar a tener conocimiento de lo ocurrido con lo cual «se pasaban los plazos y se privaba al extranjero de la posibilidad de recurrir», expone la abogada ceutí Ángeles Rivera.

   A partir de ahora, el Colegio de Abogados de Ceuta tendrá conocimiento de todas las expulsiones ordenadas por la Delegación del Gobierno y las recurrirá de oficio independientemente de que, a la par, se logre contactar con la persona afectada y también se le comunique. En un primer momento, la expulsión se recurrirá ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo y, en caso de ser desestimado, se apelará al Tribunal Superior de Justicia de Sevilla. La laberíntica ruta burocrática no cambia, sin embargo, la decisión final de la Administración, que es la de expulsar al inmigrante: «En la mayoría de los casos se resuelve en contra, salvo algunas excepciones, pero se dilata la expulsión de uno a dos meses», dice Ángeles Rivera. Sin embargo, «se mejora la garantía jurídica y legalidad de los procedimientos, además de conseguir una mayor eficacia y eficiencia», apostilla la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas.

   La iniciativa de Ceuta no va a quedar sólo aquí. «La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía va a estudiar su contenido y tratará de promover la firma de un convenio con la Dirección General de Inmigración que posibilite su aplicación al conjunto de provincias», manifestó Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión.

   Debate sobre la eficiencia. La duda está ahora en si la medida colapsará los tribunales de lo Contencioso. Aguelo niega que vaya a darse este caso porque la iniciativa «posibilita la eficaz tutela judicial de los derechos de las personas inmigradas y que los Tribunales contenciosos administrativo valoren los motivos alegados por el recurrente y puedan suspender con carácter cautelar, mientras se resuelve el recurso judicial, la repatriación garantizando de esta forma el resultado final del proceso». Sin embargo, entre los mismos abogados hay quienes se oponen a la iniciativa, como las Asociaciones Reunidas de Abogados de Extranjería de Madrid. Su portavoz, Ángeles Chinarro, consideró «inviable» su aplicación. En primer lugar, porque el «Tribunal de lo Contencioso está ya de por sí colapsado y se están fijando vistas para 2008, lo que da una idea de lo saturado que está»; en segundo lugar, porque los extranjeros que están en Madrid «normalmente tienen domicilio conocido y si la Administración tuviera que publicar en el Bocam las más de 3.600 órdenes de expulsión que dicta cada año se gastaría un dineral»; y en tercer lugar, porque «casi se hace un favor al inmigrante no recurriendo».