Los inmigrantes ilegales que había con anterioridad a la regularización que llevo a cabo el Gobierno zapatero, no estaban contribuyendo a llenar las arcas del sistema de Seguridad Social, ya que no estaban en situación legal y por tanto no adscritos al sistema de Seguridad Social.

 

 Para dar de alta a un trabajador en Seguridad Social, es necesario que éste cuente con permiso de residencia y permiso de trabajo, si han trabajado no han cotizado al sistema, ya que no estaban inscritos en él.

 

SI se beneficiaron del acceso a la sanidad y educación que nuestro sistema garantiza a todo el mundo, sea nacional o no, por el simple hecho de estar en suelo español. Estamos hablando de unos dos millones de personas que se han lucrado trabajando en nuestro país y que han enviado flujos de capital a sus países de origen sin que hayan beneficiado a nuestro consumo, que no han tributado y que no han cotizado.

 

Los legales, estos que anteriormente estaban y a los que se ha legalizado tras la regularización, cuentan muchos de ellos con el derecho a la reagrupación familiar: mujer, hijos, madres, padres. Es decir más personas a las que atender en la sanidad pública y a las que dar educación en la enseñanza pública.

 

Estos trabajadores cotizan un porcentaje de un 4,7% para contingencias comunes, 1,55 o 1,60% (según si el contrato es temporal) para desempleo y el 0,10 % para formación profesional. Como todos los trabajadores por cuenta ajena, pero este porcentaje es sobre el salario base y prorrata pagas extras (salvo pacto en contrario), si el sueldo es bajo el porcentaje que se aporta a la Seguridad Social es bajo.

 

También hay que tener en cuenta que muchos de ellos se dedican al sector de la construcción, en el que (lo sé por experiencia) se paga en negro, dinero no declarado que no cotiza, ni tributa.

 

Las mujeres inmigrantes trabajan muchas de ellas en el servicio doméstico, colectivo sujeto a muchas irregularidades que se traducen en trabajar sin contrato (también hay españolas que trabajan en “casas” sin contrato) o bien adscritas al régimen especial de empleados de hogar, un régimen residual y especial que según los Pactos de Toledo, tiende a desparecer, debido a que el coste que genera es superior a lo que aporta (al igual que el de Trabajadores del Mar).

 

 Hasta aquí como vemos esta claro que perdemos más que ganamos.

 

Nuestro sistema de pensiones, que no sólo son de jubilación, también lo son de incapacidad, de desempleo, de maternidad. No se basa en un sistema de capitalización (el que se da en los contratos de seguros) si no que se basa en los preceptos de “generosidad” Inter-generacional, e Inter-personal, tal y como marcaba el primigenio texto de la ley de Bases de Seguridad Social, del año 1963.

 

Es decir, que el que trabaja sostiene al que se ve privado, por circunstancias ajenas a su voluntad, de trabajo, y las generaciones presentes sostienen a las que por edad o por enfermedad ya no pueden trabajar. O sea un sistema de solidaridad:  si vienen 6 millones de inmigrantes, se necesitará otro colchón de población adicional para poder sostener sus situaciones de incapacidad, desempleo o jubilación. Esto es, un círculo vicioso de aumento de población que no garantiza la subsistencia del sistema. Situación fácilmente solucionable, si en lugar de un sistema de solidaridad, fuese por capitalización.

 

 

El paro entre trabajadores inmigrantes no comunitarios, alcanza ya el 22,15 por ciento. Esto supone que aproximadamente el 13 por ciento de los parados de la Comunidad son inmigrantes. Son datos solo referentes a los extranjeros no comunitarios, quedan fuera de la estadística: rumanos, búlgaros y polacos.

 

Es falso que los inmigrantes ocupen los trabajos que no quieren los españoles.

 

¿Quiere decir esto que antes de la llegada de los inmigrantes no había españoles que se dedicasen al sector de la construcción o de la hostelería? Evidentemente no, lo que ocurre es que teniendo en cuenta que según los últimos datos el poder adquisitivo de los españoles no aumenta desde el año 1997 (diez años).

 

La  contención salarial se da en oficios con cargas de trabajo más onerosas, ya que no requieren cualificación y por lo general ante situaciones de precariedad si el español puede elegir, opta por unas condiciones laborales mejores, dentro de lo posible.

 

Claro está, esto no es siempre posible y acaba desembocando en el paro de los trabajadores nacionales. Recordemos que los altos índices de fracaso escolar conllevan una falta de cualificación de nuestros jóvenes, que ya no pueden optar a trabajos de alta cualificación.

 

Aún teniendo por cierta la afirmación de que cogen los trabajos que los españoles no quieren, (cuestión harto discutible),¿quiere decir esto que los 5 millones de extranjeros que hay en España, trabajan en “nuevos puestos de trabajo” creados ad hoc a su llegada?

 

Esto conllevaría a afirmar que la creación de nuevos empleos en España es precaria y de baja especialización, con lo cual toda la bolsa de formados superiores no entraría dentro de los planes de desarrollo profesional y económico-social de nuestro país, lo que supondría una verdadera hecatombe y conllevaría un replanteamiento incluso del porqué de la existencia de las facultades de nuestro país, ya que únicamente servirían para formar a futuros desempleados.

 

 

Puesto que la entrada de inmigrantes, en términos de economía laboral supone un desplazamiento  de la demanda agregada, que conlleva un aumento del desempleo, a mayor mano de obra menor es el salario. Sí contribuyen al consumo interno (comida, suministros, adquisición de artículos de primera necesidad), pero por otra parte envían gran parte de su sueldo a sus países de origen, dinero que ya no forma parte del flujo económico de nuestro país, remesas de capital que se pierden .

 

Nuestro sistema de Seguridad Social se compone de prestaciones contributivas y no contributivas, éstas últimas son “discrecionales”, esto es, dependen de que haya fondos para ellas o no, se incardinan a nivel estatal dentro de los servicios sociales y de asistencia social y de rentas de inserción a nivel de comunidad autónoma. Estos inmigrantes que optan de forma preferente a estas ayudas no contributivas, bien estatales, regionales o locales (los ayuntamientos también pueden mejorar los mínimos de asistencia), pero siempre financiándolo a través de más impuestos y de recortes a nivel asistencial.

 

¿Pero España no ha crecido en términos económicos? Si, pero de manera desigual y no para todos, las cifras que se manejan son de un crecimiento del 4%, pero hablando del Producto Interior Bruto, que no es reflejo, repito, del reparto equitativo de la riqueza nacional, el indicador económico que si lo refleja es la Renta Per Capita, sobre el que no se dan cifras. Evidentemente la contención salarial (salarios más bajos) también influye en que en términos económicos haya menor gasto y sea más amplio el margen de beneficio.

 

Perdida de eficiencia. La gran mayoría de los inmigrantes tienen poca especialización y experiencia en los puestos que ocupan, esto deriva en una perdida de eficiencia en el desarrollo de sus tareas (tiempo, desempeño de tareas) que acaba redundando en un descenso de competitividad, ese santo evangelio que hasta hace poco la Patronal de nuestro país convenía en señalar como el mayor de nuestros males.