Los abogados de los delincuentes extranjeros, realizan maniobras dilatorias para que el juicio se alargue lo máximo posible y el delincuente pueda alcanzar el permiso de residencia permanente y no ser expulsado.   Si se lleva a efecto la promesa de Jesús Caldera de resolver 400.000 expedientes en tres meses, se renovarían 15.000 permisos a extranjeros con causas judiciales pendientes. La Confederación Española de Policía reclama que el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería otorgue una prórroga para que no se renueven los papeles a un inmigrante que haya delinquido hasta que no se pronuncie el juez

Para renovar un permiso de residencia el funcionario de Extranjería debe verificar que el inmigrante aporta el pasaporte para comprobar que no se ha ausentado mas de seis meses del país, el NIE y el informe de vida laboral que certifique que ha cotizado en el último año al menos seis meses. Para evitar este último requisito es muy usual que el inmigrante cotice como autónomo o que pague a un amigo para que cotice por ellos a la seguridad social.

 

Todos estos datos se envían al Servicio Territorial del Ministerio de Justicia, quien realiza una consulta en el Registro Central de Penados y Rebeldes. En este figuran los delincuentes que tienen sentencia firme y no ha prescrito. Si el extranjero tiene antecedentes penales se le denegará el permiso. Si no los tiene el proceso continúa.

 

En este trámite el funcionario no detecta los frecuentes casos de penados con identidad falsa puesto que sus diligencias se han instruido con otro nombre. Tras esto se envía un listado a la policía para que realice el último filtro.

 

Los agentes consultan la base de datos Perpol (personas de interés policial), donde comprueban si el afectado tiene alguna orden de busca y captura o de alejamiento. Sin embargo aunque detecte 10 o 15 detenciones recientes, debe dar el visto bueno al permiso de residencia, puesto que no hay sentencia firme.

 

Por este motivo los abogados de los delincuentes extranjeros, realizan maniobras dilatorias para que el juicio se alargue lo máximo posible y el delincuente pueda alcanzar el permiso de residencia permanente y no ser expulsado.

 

Si se lleva a efecto la promesa de Jesús Caldera de resolver 400.000 expedientes en tres meses, se renovarían 15.000 permisos a extranjeros con causas judiciales pendientes. La Confederación Española de Policía reclama que el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería otorgue una prórroga para que no se renueven los papeles a un inmigrante que haya delinquido hasta que no se pronuncie el juez.