Tras crecer hasta un 21% en 2000 y un 6% entre 2002 y 2004, el número de extranjeros que se instaló en Francia (186.918) disminuyó un 2,57% en 2005, según un informe presentado ayer en un comité interministerial sobre inmigración. El Gobierno considera que este cambio de tendencia, el primero en los últimos diez años, obedece a las leyes para el control de los flujos migratorios adoptadas en 2003. Un compendio de medidas que ha dificultado la concesión del asilo y endurecido los criterios para obtener el documento de residencia por motivos familiares o de estudios.

   «Francia se ha convertido en más selectiva con los extranjeros que quiere acoger», resumió ayer el diario conservador «Le Figaro». Un análisis en consonancia con el lema en inmigración de Sarkozy: «Sí a una inmigración elegida y no a una inmigración sufrida».

   Las autoridades galas prevén que el número de inmigrantes que llega a su territorio siga descendiendo en los próximos años, a tenor de la última ley sobre inmigración, aprobada este año, más dura todavía que las aprobadas previamente durante la legislatura. El número de extranjeros que se instalaron en Francia disminuyó en todos los ámbitos: por razones familiares, profesionales o de estudios. El grueso de la inmigración francesa proviene de los países de África y suele invocar derechos como el reagrupamiento familiar, al tratarse de parientes de otros extranjeros legalmente establecidos o el matrimonio con un cónyuge galo.

   Dichas estadísticas sólo se refieren a la inmigración regular. Pero en materia de lucha contra la versión clandestina, las cifras son todavía más contundentes. Bajo el impulso personal de Sarkozy, el número de expulsiones de «sin papeles» se multiplicó en Francia por dos, hasta llegar a los 20.000 del pasado año.

   Coordinación en la UE

   En materia de inmigración, Sarkozy mostró recientemente su desacuerdo con la política de regularizaciones masivas del Gobierno español. El líder del centroderecha galo pretende que la UE prohíba este tipo de medidas y que los países miembros sean capaces de coordinar una única política de inmigración.

   A pesar de sus diferencias internas, todo el centroderecha francés es contrario a la entrega de papeles a los inmigrantes indocumentados residentes en territorio galo. Cuando el Ejecutivo español anunció la legalización de cientos de miles de extranjeros sin permiso de residencia, el hoy primer ministro, Dominique de Villepin, criticó públicamente que dicho proyecto no hubiese sido consultado con otros países vecinos, como Francia.