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Otra ventaja añadida de la inmigración. Turismo sanitario y fraudes cometidos por los inmigrantes detectado por las farmacias
Compran medicamentos financiados por la sanidad pública para enviarlos a sus países
Es una de las «fisuras» del sistema, por la que se cuelan millones de euros cada año: inmigrantes compran medicamentos con receta financiados por el sistema nacional de salud, pero no son para ellos, sino para enviarlos a terceros países. Así lo reveló ayer Carlos Ibáñez, director general del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Ibáñez representa a España en la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria (Ehfcn), que celebro en Madrid su III Conferencia Internacional. |
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En la presentación, de las jornadas señaló que este fraude, detectado por las farmacias, es una de las tres principales vías por donde se produce el fraude sanitario. Los inmigrantes, la mayoría procedentes de países de Iberoamérica, según afirmó, acuden al centro de salud y relatan la dolencia de algún familiar o conocido que vive en el país de origen, obtienen la receta del sistema público, compran el fármaco y se lo envían.
Ésta es, sin embargo, la más anecdótica de las «fisuras» del sistema. Las otras dos, el fraude en las bajas por incapacidad temporal y el denominado «turismo sanitario», protagonizado por pacientes que acuden a España a someterse a intervenciones cuyo sistema de salud no cubre, cuestan millones de euros cada año en nuestro país. La mayoría de los pacientes son holandeses y alemanes, señaló Ibáñez. No hay, sin embargo, cifras oficiales. La Ehfcn, que representa a 14 países, sí ha cuantificado lo que supone el fraude y la corrupción sanitaria en toda Europa: alrededor de 30.000 millones de euros al año. Además, de acuerdo con sus datos, la experiencia en Europa y en Estados Unidos revela que al menos un 3 por ciento de los recursos públicos y privados dedicados a la sanidad se pierden debido a las actividades fraudulentas.
Así lo afirmó el presidente de esta Red, Jim Gee, quien también es director general del servicio contra el fraude en el sistema sanitario de Inglaterra y Gales. Gee explicó a los medios que estas prácticas son cometidas por los propios pacientes, profesionales sanitarios, gestores de salud pública y/o compañías suministradoras de materiales, equipos o medicamentos.
Como ejemplo, citó el caso de ocho compañías fabricantes de medicamentos genéricos que se unieron para subir un 8 por ciento el precio de medicamentos clave, como la morfina o la penicilina. Los tribunales fallaron en su contra y las compañías tuvieron que devolver al Estado 50 de los 150 millones de euros que se estima que defraudaron. En Inglaterra y Gales, explicó, «hemos ahorrado 1.000 millones de euros» desde que se controla el fraude sanitario.
