Rumí declaró que "el peso de la inmigración ilegal es muy elevado en determinadas zonas", reconociendo con ello el enorme gasto que el fenómeno migratorio produce. Pretende desplazar parte del peso de esta financiación a los ya ahogados municipios, "concertando con instituciones autonómicas y municipales" el copago.

 

Del otro extremo de la balanza llueven las peticiones de municipios y provincias que reclaman un incremento urgente de fondos para hacer frente al fenómeno migratorio. Las declaraciones se suceden. Hemos escuchado en estos últimos días reclamar dinero y ayuda del estado al delegado del gobierno en Canarias Josep Segura, al alcalde de Coslada o a Carlos Rojas alcalde de Motril. Este último ha invertido mas de 180.000 euros en atender a los inmigrantes hasta agosto y cifra en un millón de euros anuales lo que debería aportarle el gobierno para sostener su presión migratoria que ha deteriorado notoriamente el resto de servicios del municipio.

 

Hemos oído a los jueces, cuerpos de seguridad, e instituciones penitenciarias, reclamar medios humanos y económicos. No olvidemos que la además de los gastos que la inmigración ilegal provoca, los recién llegados protagonizan el 70% de los delitos y suman  el 70% de los presos preventivos en España.

 

Las interrogantes son muchas. Si un solo municipio reclama la ayuda directa de un millón de euros, ¿Cuánto hace falta para cubrir las necesidades los casi 60.000 de los que consta el estado? ¿Por qué reclaman fondos los municipios mas "beneficiados" por la inmigración? ¿No es la llegada de inmigrantes el fenómeno que salva pensiones y relanza municipios?

 

La respuesta es sencilla. El mito del beneficio económico de la inmigración, tal y como sucede actualmente en nuestro país, se derrumba ante una realidad de presupuestos hundidos y servicios colapsados.

 

El gasto directo del estado del estado para la política migratoria ascendió a 261 millones de euros en 2003. A esto deberemos sumarle los gastos indirectos en los capítulos de servicios que colapsan los inmigrantes, como educación, sanidad o seguridad. También debemos sumar las aportaciones que ONGs y entidades privadas que a su vez son financiadas por el estado.

 

Los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social son 963.055. Se calcula que al menos hay un millón y medio mas de ilegales, estos no aportan ningún ingreso a las arcas del estado, pero si un enorme gasto. Los que cotizan ocupan las franjas de salarios mas bajas, son por tanto los que menos cotizan. Todos ellos, legales o ilegales son los que mayores ayudas reciben del estado. Desplazando a los españoles que antes recibían estas ayudas

 

 

Parece que el mito de la inmigración como remonte de nuestra seguridad social y nuestra economía, no puede sostenerse mas tiempo frente firme una realidad que derrumba presupuestos y colapsa servicios. El fenómeno migratorio que padecemos genera muchos mas gastos que beneficios lo que terminará por hacer quebrar la caja de la seguridad social y el estado del bienestar.