LA inmigración, al margen de ideologías y de opciones políticas, se ha convertido ya en el principal problema para los españoles, seguido a gran distancia por el terrorismo, según se desprende del Barómetro de otoño realizado por Demoscopia. El 41 por ciento de los encuestados manifiesta su preocupación por un asunto ante el que una abrumadora mayoría (76 por ciento) cree que el Gobierno ha hecho gala de improvisación.

 

Revelador resulta el porcentaje de votantes socialistas (69 por ciento) que cuestiona la capacidad del Ejecutivo para afrontar la situación con una política clara y concisa. Pocas veces un problema ha concitado tanta unanimidad y pocas veces el electorado socialista y del PP han coincidido tanto en el diagnóstico. Si a ello añadimos el dato de que son sustancialmente más los españoles que consideran que el PP gestionó con mayor acierto la política inmigratoria, parece obvio que el PSOE se encuentra en una compleja y delicada situación que amenaza con frustrar sus expectativas electorales, más aún cuando un 45 por ciento de los entrevistados establece una relación causa efecto entre la actual situación y el proceso de regularización puesto en marcha en 2005 por el Ejecutivo.

 

Uno de cada tres votantes del PSOE sustenta esta opinión, que se extiende progresivamente en el electorado a medida que crece la percepción del problema en la opinión pública.

 

Igualmente notorio resulta el dato de que dos de cada tres españoles creen que España ha alcanzado el máximo nivel de inmigración, lo que obliga a una primera reflexión: mientras distintos organismos públicos y privados insisten en que la estabilidad del mercado de trabajo y del crecimiento económico depende, en gran medida, de que el sistema siga incorporando inmigrantes, los españoles parecen pensar lo contrario. De nuevo, la percepción de la calle parece moverse por derroteros distintos al de los informes de los expertos. A tenor del resultado de la encuesta -coincidente con otras que han visto la luz en meses pasados- parece obvio que los españoles consideran que ha fracasado la política inmigratoria del Gobierno.