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El Gobierno estudia dar permisos de trabajo a todos los inmigrantes ilegales, hasta que se ejecute su expulsión
ESTE HOMBRE HA PERDIDO EL JUICIO. El ministro Caldera sostiene que en España «prácticamente» no hay ya extranjeros en situación ilegal.
Rabat (Marruecos). El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que estudiará la petición del Senado de que se den permisos de residencia y trabajo con carácter extraordinario a los inmigrantes ilegales que salen de los centros de internamiento tras un período de 40 días y hasta que se pueda ejecutar su orden de expulsión del territorio español. Caldera señaló que la normativa española, aprobada por el anterior Gobierno del PP, es «garantista» y el Ejecutivo socialista la defiende. «Establece que si un ciudadano irregular, después de 40 días, no ha podido ser repatriado a su país de origen, debe ser puesto en libertad», informa Ep. |
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El ministro hizo hincapié en que en la actualidad «prácticamente no existe» la inmigración ilegal en España y que, al menos, se ha reducido «mucho» este fenómeno. Al mismo tiempo, aseguró que los centros de internamiento de España son «modélicos».
Cumbre de Rabat. Caldera hizo estas declaraciones en la Conferencia sobre inmigración celebrada en Rabat, y que concluyó ayer con la aprobación por parte de los 57 países participantes de un Plan de Acción elaborado por Francia y sometido a la aprobación previa de España, Marruecos y Senegal, que incluye medidas de seguridad para cortar los flujos ilegales de inmigrantes, acuerdos de readmisión que deberán ser aprobados bilateralmente por cada país concernido, y propuestas de codesarrollo e inversiones europeas en África.
El principal beneficiario de la Conferencia ha sido el régimen francés, y en menor medida el Gobierno español y el marroquí. Francia se blinda a través de terceros ante el riesgo de oleadas de ilegales que aumentarían la tensión existente en los suburbios y en los barrios marginales de las grandes aglomeraciones francesas. España sale reforzada en su papel diplomático mediador ante una Europa escéptica y reacia a conceder fondos para el desarrollo del sur. Y Marruecos consigue un triunfo diplomático en un momento en el que el continente africano le desafía a que acepte el Referéndum de autodeterminación en el Sahara.
El Gobierno francés ha ejercido presiones sobre el Rey Mohamed VI para que Marruecos corte de raíz las avalanchas de inmigrantes magrebíes y subsaharianos que salían desde sus costas hacia España. Las gestiones de París han sido más discretas que las realizadas por Madrid, pero más eficaces. Francia no está dispuesta a que aumente en su país la población inmigrante descontrolada. El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ha hecho del control del flujo migratorio su principal caballo de batalla cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
París acogió con protestas directas e indirectas la «regularización masiva» de inmigrantes ilegales hecha por Zapatero. El temor galo es que una parte de esos inmigrantes, una vez obtenidos sus papeles, se trasladen a Francia para aumentar la población inmigrante residente en el país, que ya cuenta con cerca de cinco millones de personas.
Ésta ha sido, según fuentes diplomáticas, la razón principal que ha impulsado al Ejecutivo galo a exigir de Marruecos poner fin al goteo constante de pateras desde sus costas y aumentar el control sobre la llegada constante de subsaharianos a Marruecos procedentes de las ex colonias francesas de África. Este mismo temor ha impulsado al Ejecutivo francés a promover la reunión ministerial de Rabat con la doble finalidad de comprometer a sus ex colonias, países emisores de inmigración ilegal hacia Europa, a aumentar las medidas coercitivas de control de fronteras, y hacer que el Gobierno español se coloque en primera fila del control de las fronteras.
