La inmigración es ya un fenómeno imparable que en España ha crecido en poco tiempo a doble velocidad que en el resto de países europeos. Potenciar la ayuda al desarrollo en los lugares de origen de los inmigrantes es una de las alternativas a las que se ha recurrido para contener el goteo de extranjeros que, dependiendo del momento, se ha llegado a convertir en avalancha.

 

   De hecho, recientemente, el presidente senegalés, Abdulayé Wade, reclamaba a España y al resto de países de la UE la entrega de más fondos para construir grandes in-fraestructuras, como pantanos, a cambio de hacerse cargo de los inmigrantes indocumentados que llegaron en cayucos a Canarias. Entonces el Ejecutivo español se planteó un canje de deuda de este país por proyectos de educación y desarrollo social y la entrega de una nueva partida de fondos de ayuda al desarrollo. A esta ayuda habrá que sumar otras contribuciones internacionales gestionada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones.

   Sin embargo, las ayudas puntuales al desarrollo dirigidas a los gobiernos de los que parte la inmigración irregular a cambio de que la frenen son casi «migajas» si lo comparamos con el volumen de remesas que los inmigrantes que trabajan en España envían a sus lugares de origen y que suponen un verdadero motor de desarrollo para estos países.

   No hay más que comparar las cifras. En 2006, España destinará 1.200 millones de ayuda al desarrollo a Iberoamérica y África, mientras que sólo en 2005 los inmigrantes instalados en España enviaron a sus países 3.844, es decir, hasta tres veces más que la ayuda española. Muchos países «viven» incluso de las remesas que envían sus expatriados por el alto porcentaje que suponen en su PIB. Es el caso de Marruecos, Cabo Verde, Uganda, República Dominicana y Honduras. ¿Conviene entonces a los gobiernos «emisores» frenar la inmigración? El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, llegó a admitir recientemente la dificultad de negociar acuerdos de readmisión de los inmigrantes que entran de manera ilegal «por la importancia de la inmigración como fuente de ingresos para el país de origen».

   «Las remesas son una forma de asegurar las rentas de una familia, una financiación más redistributiva que la inversión internacional que llega directamente a ciudadanos concretos, no a gobiernos. Los aportes económicos internacionales están bien, pero son demasiado pequeños para el diferencial de renta que existe, por ejemplo, en los países africanos. A corto plazo, las ayudas no van a hacer que la inmigración cese y para frenarla es necesario que se estimule el comercio o los países europeos ayuden a crear una dinámica social y económica propia para su desarrollo», expone José Antonio Alonso Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.

   «A algunos gobiernos, como le ocurre a los africanos, se les plantea una disyuntiva compleja: por un lado, se encuentran con propuestas de dinero de la UE que llega al Estado a cambio de que controlen el flujo de salidas; por otro, si los inmigrantes no pueden salir, se cortaría la posibilidad de recibir remesas de las que viven familias enteras que buscan fórmulas para huir del hambre, se crearía malestar entre la población y los regímenes de turno perderían legitimidad», expone Itziar Ruiz-Jiménez, profesora de Relaciones Internacionales y miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma.

   Supervivencia de la aldea. «Los proyectos de los subsaharianos se realizan individualmente porque no aguantan más la pobreza, aunque también hay otros factores que los motivan: políticos, de violencia, de conflictos y de violación de derechos humanos. Estas circunstancias llevan no a uno, sino a una familia entera o al conjunto de una aldea a tomar la decisión de que sus jóvenes más cualificados emprendan un proyecto colectivo. Así, el inmigrante se siente responsable no sólo de la supervivencia de sus hijos, sino de la de sus tíos, primos y todo un conjunto de redes familiares», añade Ruiz-Jiménez. Las remesas que los inmigrantes envían a sus países equivalen al PIB de Malta y suponen casi el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con las remesas que emite España se podría pagar el sueldo anual a 4,3 millones de personas, según Íñigo Moré, investigador del Real Instituto Elcano.