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Una orden del Gobierno permitirá la entrada de los inmigrantes ilegales por los Pirineos
Una instrucción del subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa ordena a los policías que faciliten la asistencia letrada a todos los inmigrantes a los que se deniega la entrada en España por los Pirineos. Ante esta nueva orden, los agentes de la frontera de Irún han decidido reducir los controles al mínimo ante la complejidad que supone asignar un abogado a todos y cada uno de los extranjeros rechazados en la frontera, que en ocasiones llegan de golpe en varios autobuses. |
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La frontera de los Pirineos se ha convertido en un auténtico coladero por donde 500 inmigrantes rumanos y búlgaros pasan a diario y muchos de ellos se quedan residiendo en el país de manera irregular.
Hasta ahora, los agentes aplicaban el acuerdo de readmisión con Francia y devolvían al país vecino a los inmigrantes que llegaban masivamente en autocares. Con la nueva instrucción, los policías se ven ahora atados de pies y manos para poder realizar los controles, ya que los abogados les acusan de estar cometiendo detenciones ilegales.
La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que los agentes están imposibilitados para vigilar la inmigración irregular: «Si hoy en día existe un freno y han entrado medio millón de búlgaros y rumanos, ¿cuántos entrarán si levantamos los controles de los puestos fronterizos? La Junquera es un boquete y ahora no podemos ni parar a los autobuses», se queja el portavoz para Inmigración de la CEP, Rodrigo Gavilán.
Informe del Defensor
El acuerdo de readmisión firmado con Francia en noviembre de 2002 establece que cada país readmitirá en su territorio sin formalidad alguna «al nacional de un tercer Estado que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de entrada o estancia aplicables».
Este acuerdo, al ser un tratado internacional, está por encima de la Ley de Extranjería española. Sin embargo, un informe del Consejo General de la Abogacía considera que los policías están dejando de aplicar normas como la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece que la asistencia letrada debe ofrecerse a todas las personas dependientes de un Estado.
El subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Francisco Jordán, justifica su decisión en un informe emitido por la Abogacía General del Estado que concluía que los extranjeros tienen derecho a asistencia letrada. En su instrucción, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, alude también a un informe del Defensor del Pueblo que estima que en «el procedimiento de devolución resulta esencial la celebración de un trámite de audiencia, que debería concretarse en una comparecencia en la que el interesado ha de estar asistido de letrado».
La Subdelegación remite además a un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián que dictamina que «ni el acuerdo hispano-francés ni ningún otro instrumento de cooperación es título suficiente para obligar a los extranjeros al abandono de España sin garantizar los derechos que a estos les asisten, entre los que se encuentra el de asistencia letrada».
El Colegio de Abogados de Figueras (Girona) ha sido uno de los más combativos a la hora de denunciar el gran número de devoluciones realizadas sin asistencia letrada: «Hay personas que vienen a hacer turismo y la Policía les deniega la entrada. El Acuerdo Schengen instauraba un régimen de libre circulación y suprimía las fronteras interiores. Si un ciudadano de un tercer país ya ha cruzado una frontera Schengen, ¿por qué controlamos nosotros la frontera del Pirineo?», declaró ayer Joan Puig, miembro de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Cataluña.
El portavoz del sindicato policial CEP arremetió ayer contra la actuación de los letrados, que, a su juicio, está perjudicando las labores que realiza la Policía: «Todo esto no es más que una maniobra de los colegios de abogados de Figueras y Guipúzcoa para intentar poner abogados en la frontera, cobrar miles de euros con el turno de oficio y dar trabajo a numerosos abogados en paro», argumentó Gavilán.
El caos creado es tal que el subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Busquets, declaró ayer que los servicios jurídicos de la Dirección General de la Policía están estudiando ahora si las devoluciones de extranjeros, que los agentes realizan desde hace años, se llevan a cabo de acuerdo con la ley o de forma irregular, informa Europa Press. Policías nacionales que trabajan en la provincia de Girona solicitaron esta semana, por carta, al subdelegado que les dé instrucciones sobre cómo deben actuar en las devoluciones de extranjeros, ante la sospecha de estar cometiendo detenciones «ilegales» por no ofrecerles «abogado y en su caso intérprete», según el secretario provincial del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Jesús Prada. Desde la CEP han pedido que se levanten todos los controles en la frontera hasta que haya una resolución firme de los servicios jurídicos.
Los traficantes de seres humanos se están aprovechando de la impermeabilidad del Acuerdo de Schengen, que suprimió las fronteras interiores, para introducir inmigrantes de manera ilegal en España.
Sin embargo, este tratado internacional también hablaba de la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la UE, pero ni Austria ni ningún otro país europeo hacen un control exhaustivo de los autocares, repletos de rumanos, sabedores de que no se van a quedar en su territorio, porque su destino favorito es España.
