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Hasta el 71% de españoles cree que hay corrupción en sus localidades
Al menos para una significativa mayoría de españoles. El 61% de los ciudadanos, según un sondeo realizado por Expansión-Ipsos entre los días 7 y 9 de abril, dos semanas después de las primeras detenciones de la cúpula municipal marbellí, se muestran convencidos de la existencia de prácticas delictivas entre las autoridades locales e interlocutores del sector privado en su propia localidad de residencia. |
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El escándalo Marbella, aireado el pasado mes marzo tras la puesta en marcha de la denominada Operación Malaya, no parece un caso aislado, de presunto soborno y pago de comisiones entre autoridades municipales y empresarios vinculados al negocio urbanístico y de la construcción.
Al menos para una significativa mayoría de españoles. El 61% de los ciudadanos, según un sondeo realizado por Expansión-Ipsos entre los días 7 y 9 de abril, dos semanas después de las primeras detenciones de la cúpula municipal marbellí, se muestran convencidos de la existencia de prácticas delictivas entre las autoridades locales e interlocutores del sector privado en su propia localidad de residencia.
La percepción de presuntas irregularidades en el ámbito municipal resulta mayor entre los hombres –un 64,8%–, que en las mujeres, con un 57,7%. De igual forma, esta denuncia es más intensa entre los españoles inmersos en las franjas de edad de 18 a 34 años –69,2%– y de 35 a 54 años –65,5%–, y entre quienes declaran tener un nivel de ingresos medio y medio alto. En cambio, esa crítica es prácticamente la misma si se atiende a los estudios de los encuestados. Sólo las respuestas de los ciudadanos de un rango académico bajo se sitúan por debajo del 60%: en el 57,3%.
Ese estado de opinión, además, se propaga casi con la misma onda expansiva entre simpatizantes socilistas y populares, y entre las distintas regiones españolas. Tan sólo seis puntos distancian las respuestas de votantes del PSOE en las últimas elecciones generales –62%–, de los que trasladaron su respaldo al PP en los comicios de 2004: 56%.
Por comunidades, aunque se trata de datos parciales por ser un estudio de ámbito nacional, Aragón (71%), Cantabria (70,5%), Galicia (67,5%) y Navarra (67,3%), lideran una clasificación que cierran, por este orden, Rioja (54,8%); Castilla la Mancha (52,2%), y Asturias, donde la masa crítica se sitúa en el 45,7%.
La visión de la gestión municipal de los españoles constata que, a los ojos de la ciudadanía, el caso Marbella no es aislado y que, lejos de ser un “cáncer que hay que extirpar”, como insisten en recalcar las autoridades municipales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el diagnóstico se asemeja más a una metástasis. No en vano, el negocio urbanístico, que, en la partida de la liquidación conjunta de 2003 de los más de 8.000 ayuntamientos de toda España, representa el 3,39% de sus ingresos totales, por enajenación de inversiones reales de suelo, supera en realidad la cuarta parte de los recursos financieros. En concreto, el 26%, si a la mera cesión de terrenos se suma los impuestos directos e indirectos relacionados con la construcción y el urbanismo. Una práctica, la de “captar ingresos para elevar las arcas fiscales” de los municipios, que “está presente” en las decisiones de los Gobiernos locales, según fuentes jurídicas con vínculos profesionales y de asesoramiento en los ayuntamientos.
Sin duda por esta percepción social, y por el descrédito político que se ha instalado en la opinión pública tras los acontecimientos en Marbella, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha exigido la inclusión de un plan anticorrupción, a través de mecanismos de corresponsabilidad fiscal, como contrapartida a la previsible elevación del umbral financiero actual de las corporaciones locales que se negocia, desde ayer, entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la FEMP, en paralelo a las reformas económicas regionales.
Esta apuesta por el municipalismo del Gabinete Zapatero, que ha reservado un sillón propio a los municipios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es, a juicio de los expertos, una “solución idónea” para resolver la deuda histórica de los ayuntamientos, valorada en más de 60.000 millones de euros por la FEMP, y nutrir las arcas locales con un nivel de recursos adecuado, para “evitar la tentación de acudir a la recalificación de suelo”.
Igualmente, recomiendan concretar “un pacto político” nacional, que acabe con los intentos y vaivenes legislativos de reconducir la normativa del suelo, para impedir movimientos especulativos. El Ejecutivo de Aznar estudió una reforma para restaurar las competencias del Estado sobre suelo, que no llegó a buen puerto.
En este sentido, sigue vigente la doctrina del Constitucional de 1997, que asignó las competencias en materia urbanística a las autonomías y el desarrollo de su planeamiento a las corporaciones locales. En lo que la sociedad civil también parece convenir es en la necesidad de incorporar reformas penales –algunos letrados hablan de incluir la figura del delito urbanístico– o, al menos, mayores dotaciones y medios para combatir esta lacra.
El 71% de los encuestados –67% votantes del PSOE, y 73% del PP– dice no tener “confianza” en los métodos de lucha contra la corrupción.
