En las últimas semanas se ha disparado la búsqueda del voto inmigrante. Comunistas y socialistas han aprobado en el Congreso que los inmigrantes con cinco años de residencia legal en España puedan votar en las elecciones municipales. Pocos días después, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba medidas en la misma dirección. Como es norma en España, donde el debate público tiene siempre un aire como de vieja radionovela, estas noticias avanzan envueltas en nubes de moralina sentimental. Sin embargo, el Parlamento Europeo rechazaba el pasado enero una medida como la que se acaba de aprobar en España.

¿Es xenófobo y racista el Parlamento Europeo? ¿Odia a los inmigrantes? No. Sencillamente, conoce el sentido de los derechos políticos. El derecho al voto no es un derecho socioeconómico, una prestación que uno perciba a cambio de una contribución. Trabajar, cotizar a la seguridad social y pagar impuestos no da derecho a votar. La actividad económica da derecho a beneficios de tipo social: asistencia sanitaria, cobertura de desempleo, educación pública, etc., y es justo que así sea. Pero el voto, que es el derecho político por excelencia, posee otro origen –un origen, precisamente, político. Uno vota en tanto que forma parte de una polis, de una comunidad política. ¿Quién forma parte de la polis? Hay distintos instrumentos materiales para discernirlo: el nacimiento, la residencia, etc. Todos esos instrumentos, sin embargo, no descansan sobre sí mismos, sino que poseen una dimensión inmaterial: se pertenece a una comunidad política también por linaje, por ascendencia, porque la comunidad política no es algo que se constituya en un momento dado y para ese momento –por ejemplo, para votar-, sino que la comunidad es también un pasado común, una herencia compartida, una trayectoria histórica, que comprometen a la persona con el futuro colectivo. Los derechos políticos se ejercen de manera individual en el presente, pero su escenario es una comunidad en el plano de la historia. Un inmigrante puede formar parte de la comunidad política, por supuesto; pero no por el mero hecho de residir cinco años.

Hoy no está bien visto recordar estas cosas, porque vivimos bajo la superstición de un individualismo sin comunidad y de un futuro sin pasado, pero lo político es inseparable de lo comunitario y de la historia, y son esas magnitudes las que determinan quién forma parte de la polis –y quién no. Por eso ningún país reconoce el derecho al voto a los recién llegados, y por eso el Parlamento Europeo rechaza lo que en España se aprueba. Las razones son de peso: primero, no es justo otorgar capacidad de decisión sobre el bien común a quien, mañana, puede dejar de pertenecer a la comunidad; además, se corre el riesgo de crear reductos de voto con identidad política propia en segmentos sociales ajenos o incluso contrarios al interés común.

En el mundo se habla ya del "mal español": un frívolo panfilismo que desemboca en flagrante irresponsabilidad.