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Las licencias de actividad no existen, no se paga el impuesto de actividades económicas, la información brilla por su ausencia, hay que adivinar el precio de la llamada, las hojas de reclamación ¿qué es eso? Los locutorios de la capital viven al margen de la ley. Están hechos por inmigrantes y para inmigrantes. Aunque debido a su ilegalidad es difícil cifrar su número se estima en mas de 400. Una auditoría del Ayuntamiento realizada sobre 289 locales determinó que el 92% quebrantaba la ley.
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Los datos son esclarecedores. El 38% no tiene licencia de actividad, o lo que es lo mismo, no tiene permiso para funcionar. Solo el 52% paga el recibo impuesto de actividades económicas. El 73% no cuenta con el certificado de las especificaciones técnicas necesario. El 83% no tiene a la vista el texto que regula estos servicios y del 17% que si lo tiene, solo el 57% lo presenta redactado en castellano.
Además del pésimo estado de salubridad de muchos de ellos, el incumplimiento de los horarios de apertura y en muchos casos el escándalo que se monta a su alrededor, por no informar, el 60% ni siquiera tiene a disposición de los usuarios detalle del importe de la llamada.
Tras la inspección del Ayuntamiento solo se levantaron 68 actas de infracción ¿Qué ocurrió con el resto? ¿Fueron perdonados graciosamente por la administración?
De estas actas a 25 locales se les impuso una multa de 300 euros de media. Seis están a la espera de ¿qué se les imponga? multas entre 600 y 900 euros Otros 24 están aun en fase de alegaciones, recordemos que las auditorías se realizaron entre septiembre y noviembre de 2003, hace casi un año. A cinco no se les ha podido ni siquiera notificar cuales son sus infracciones, ni mucho menos la sanción, si es que la hubiera. Sencillamente han cerrado y sus dueños están en paradero desconocido, si damos por cierto los nombres con los que se identificaron a la policía, que probablemente también sean falsos. Abrirán pronto en otro lugar, algo habitual.
En resumen; multas ridículas en comparación con el beneficio de estos establecimientos que hace mas rentable el pago de las sanciones que el cumplimiento de la normativa, casi un año para alcanzar resoluciones y manga ancha, pero que muy ancha. Eso si el consejero delegado, Miguel Angel Villanueva va a editar 10.000 eficacísimos trípticos que detallan la normativa a cumplir. Suponemos que serán de gran utilidad en estos locutorios como posa vasos, ya que en algunos de ellos y en sus alrededores es habitual el consumo de bebidas alcohólicas.
El pequeño comercio madrileño sufre la competencia desleal de las grandes superficies y el incumplimiento de normativas y horarios de comercios regentados por inmigrantes. Pero por si fuera poco, deben sumar a sus ya suficientes dificultades, el trato francamente desigual que reciben con respecto a estos. Para los comerciantes madrileños, la Agencia Tributaria, Sanidad o el Ayuntamiento, no duda en aplicar la ley de forma implacable, enterrándoles en impuestos y metiendo la mano directamente sobre sus declaraciones de renta o el embargo de cuentas bancarias, cuando se retrasan en el pago de una tasa. ¿Cuál es el criterio de las autoridades en estos casos? Deben pensar algo como esto; para que multar a quién no van a pagar o para que cerrar un local que mañana abrirá dos calles mas abajo. Esto es lo que podemos esperar.
