La Policía pide la dimisión de Caldera por el ''fiasco'' de la regularización
Fecha Domingo, 12 Junio a las 16:13:13
Tema Vivienda


 
La Confederación Española de Policía, el segundo sindicato del cuerpo, ha calificado de fiasco y fracaso el proceso de regularización de inmigrantes y ha pedido la dimisión del ministro, Jesús Caldera, 'por incompetente' y por 'mentir y atacarles'. Según este sindicato, el efecto llamada del proceso de regularización atraerá muchos mas ilegales que habrá que regularizar en un plazo de tres a cuatro años. De esta forma, el problema no se termina nunca, además de que entre el 3-4 % de los regularizados tienen causas pendientes.
 
También los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han amenazado con ir a la huelga a partir del próximo 21 de junio si el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, no aumenta los medios para poder llevar adelante su plan contra la inmigración ilegal.

Los inspectores llevan varios días protagonizando encierros en las direcciones provinciales de toda España y hoy lo secundan en Madrid. El colectivo, integrado por 1.600 inspectores, no entiende que Caldera prometa un plan antifraude, con inspecciones masivas para detectar la inmigración ilegal, cuando están saturados de trabajo. El pasado año realizaron 4.000 inspecciones- frente al medio millón anunciado en el plan del Gobierno - y ganaban 200 euros más al mes. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha asegurado que habrá más medios.



'El arranque de demogogia' de Caldera

La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido hoy la dimisión del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, por dirigir de forma 'incompetente' el pasado proceso de regularización, por su 'ataque antidemocrático' a este sindicato y por 'menospreciar el trabajo de miles de profesionales de las fuerzas de seguridad'.

La CEP pidió la dimisión de Caldera en rueda de prensa tras hacer balance de los 'problemas de carácter policial' asociados al pasado proceso de regularización.

El secretario general de la CEP, Ignacio López, recordó que Caldera negó el pasado martes en el Congreso de los Diputados que el citado proceso haya provocado efecto llamada de inmigrantes, cuando, poco después, reconoció que en el primer trimestre de este año aumentó de forma
considerable la devolución de personas interceptadas en fronteras.

López acusó al ministro de Trabajo de querer desligitimar pruebas de este 'efecto llamada' como diferentes reportajes en medios de comunicación, así como declaraciones de cónsules extranjeros en Cataluña sobre el considerable aumento de sus ciudadanos en la frontera española con Francia
desde agosto de 2004.

Además, el dirigente sindical lamentó que, 'en un arranque de demagogia', Caldera haya manifestado que el efecto llamada es una 'elucubración de un miembro de la CEP que se pasea por los medios de comunicación', en referencia al portavoz de Inmigración de esta organización, Rodrigo
Gavilán.

Tras asegurar que el ministro de Trabajo no ha aportado dato alguno que desmienta el efecto llamada, López acusó a Caldera de querer 'ningunear a este sindicato, deja entrever la comisión de delitos en nuestra actuación y menciona la pertenencia a determinada opción política'.

El secretario general de la CEP indicó que 'es cierto que este proceso logra que aflore una parte importante de la economía sumergida, pero también es cierto que ha traído consigo un efecto
llamada cercano al medio millón de personas que, obviamente, sustituyen a las otras en su condición de inmigrantes ilegales'.

Por ello, López consideró que, 'a corto plazo, como consecuencia inmediata, el Gobierno de turno deberá afrontar otro proceso de regularización, pues problema continúa al no adoptar una forma definitiva una doctrina permanente y consensuada de la política de inmigración'.

Finalmente, el dirigente sindical comentó que actualmente las concidiones morales de los funcionarios de policía no son 'optimas' para afrontar la expulsión de extranjeros, ya que el Gobierno ha 'menospreciado su trabajo' al permitir que inmigrantes irregulares con expediente expulsión pudieran acogerse al proceso de regularización.

Por su parte, Rodrigo Gavilán destacó que de las más de 690.000 solicitudes de regularización, un 3% corresponden a inmigrantes con causas judiciales pendientes en España.






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