INICIATIVA HABITABLE - El PSOE espera que regresen voluntariamente a su pais un millón de ilegales

«Recomendamos a los que no puedan legalizarse que regresen voluntariamente a su país», declaró la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.

El Gobierno espera que los ilegales hagan espontáneamente las maletas. “Así podrán evitar la sanción y, tal vez, volver a España más tarde con alguno de los futuros contingentes legales. Otros podrían acogerse a las llamadas «ayudas al retorno», micro créditos que conceden las entidades financieras para que los extranjeros monten negocios en sus países de origen”.

Caldera ya está preparando su próxima regularización masiva. Ha anunciado que otros 400.000 ilegales que han quedado fuera del proceso al ser menores, personas sin actividad laboral o mayores de 65 años, podrán regularizarse en los próximos meses al ser familiares de los trabajadores que sí tendrán los papeles.

El mayor proceso de regularización de inmigrantes de la historia de España echó ayer el cierre a plena satisfacción del Gobierno, que ha visto cumplidas sus expectativas de «sacar a flote» el empleo sumergido de extranjeros, y en medio de duras críticas del PP, que considera que la normalización ha estado más cerca del «papeles para todos, pero sin trabajo» que de una respuesta seria al fenómeno. Casi 700.000 irregulares se han acogido a una oportunidad única, «que no volverá a repetirse», según Trabajo, una disposición transitoria del Reglamento de Extranjería que terminó convirtiéndose en una de las apuestas estrella del Ejecutivo de Zapatero y que ha hecho correr ríos de tinta por sus continuas rectificaciones.

Hay un dato irrefutable: en este proceso son todos los que están, pero no están todos los que son. Casi setecientos mil han pasado el corte. Pero la resaca traerá la pregunta del millón: ¿Qué piensa hacer el Ejecutivo con los cientos de miles de irregulares que se han quedado a la orilla? (Hay expertos que fijan la cifra en un millon).

El Reglamento que, como se afanan en recordar desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene 165 artículos y es mucho más que la disposición transitoria que concluyó ayer, recoge otras fórmulas, como el arraigo laboral, el arraigo social, legalizaciones por motivos humanitarios, etcétera.

Sin embargo, el PP cree que esa recomendación es «ingenua», y que serán muy pocos los que se vayan porque es más sencillo quedarse «trampeando» por aquí que afrontar un futuro incierto donde nacieron. Según un reciente informe del Instituto Elcano, «un alto porcentaje de los extranjeros no tiene la intención de regresar a su país de origen. Pese a ello, en España se sigue tratando la inmigración como si fuera un fenómeno transitorio».

Si las inspecciones de trabajo son tan duras como se anuncian, en teoría estos «ilegales» no podrían subsistir en la economía sumergida. Al final de la escapada está la Ley de Extranjería, que el Gobierno piensa aplicar a rajatabla. Pero la experiencia previa demuestra que las órdenes de expulsión sirven para poco. Hay quienes las han utilizado para intentar empadronarse. Toda una paradoja.

A falta de datos definitivos sobre las solicitudes presentadas -que irán desgranándose a partir de mañana-, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana acumulan prácticamente dos terceras partes de las peticiones.

Durante los últimos días los rezagados han disparado las estadísticas: el miércoles se produjeron 25.335 solicitudes; el jueves, 35.225, y el viernes, 35.389. En esta semana de cierre ha habido más de 150.000 solicitudes. Ecuador, Rumanía, Marruecos y Colombia son los países que aportan mayor número de ciudadanos al proceso. Por tipo de trabajo, las empleadas de hogar suponen un 30 por ciento.

El plazo de tres meses para la obtención del permiso de residencia -contrato legal en mano- ha expirado, pero en realidad esto no ha hecho más que empezar.

Muchos de los inmigrantes más madrugadores, aquellos que presentaron junto a sus patronos la documentación a principios de febrero, aún esperan la resolución de sus expedientes. Las altas en la Seguridad Social, la verdadera prueba de que se está generando empleo legal, van a ritmo lento (el responsable de este departamento, Octavio Granado, cifró el jueves en 60. 000 las nuevas incorporaciones desde que se inició el proceso).

La oposición, sin embargo, ve fácil justificar los cambios de opinión. «Esos contratos son sólo declaraciones de intenciones», señala Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP. «Como los trámites son interminables, las necesidades de las empresas pueden cambiar». Pronto se conocerán más detalles, aunque Trabajo ha reconocido que las conclusiones finales no se escribirán hasta finales de año. La posibilidad apuntada estos días de que en dos meses estará todo atado y bien atado se antoja disparatada incluso para los hacedores de la medida.

Lejos quedan ya los anuncios del verano pasado sobre unas medidas que aún tardarían varios meses en llegar y que, para el PP, espolearon el «efecto llamada» . «No hay recetas ni soluciones permanentes sobre el fenómeno de la inmigración», sostiene Rumí.

La gestación, el parto y el desarrollo del Reglamento -y, en especial, de la disposición que daba luz verde a la normalización de inmigrantes- tuvo varios golpes de timón que prueban esa aseveración. La propuesta de que el trabajador irregular denunciara a su patrón para obtener los «papeles» encendió las críticas unánimes de los implicados. El Gobierno rectificó.

Más tarde llegarían otros cambios destinados a flexibilizar los trámites. Uno de los requisitos imprescindibles para legalizarse era estar empadronado antes del 8 de agosto de 2004. El Ejecutivo abrió la posibilidad del padrón por omisión; es decir, todos aquellos que pudieran demostrar de un modo fehaciente su presencia en España antes de la mencionada fecha podrían obtener ese certificado.

Este remedio provocó una avalancha de inmigrantes en los Ayuntamientos y destapó el tarro de las esencias de la picaresca, factor que no ha faltado durante el proceso, aunque la Administración siempre ha asegurado tener todo «bajo control».

Caldera ya está preparando la próxima regularización masiva encubierta. Ha anunciado que otros 400.000 ilegales que han quedado fuera del proceso al ser menores, personas sin actividad laboral o mayores de 65 años, podrán regularizarse en los próximos meses al ser familiares de los trabajadores que sí tendrán los papeles.

Lo harán a través de las vías previstas en el reglamento de extranjería (arraigo social, reagrupación familiar y razones humanitarias).