El vicepresidente primero, Ignacio González, reclamó hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 500 millones de euros para garantizar el éxito de la regularización de la inmigrantes, que representan el 14 por ciento de la Comunidad de Madrid, y disponer de los medios necesarios para mantener la calidad de los servicios públicos. El portavoz autonómico señaló que ¡¡¡cada inmigrante cuesta unos 100.000 euros al año!!!  y subrayó que, si la cifra prevista es de entre 250.000 y 300.000 inmigrantes, "se supera con mucho las escasísimas previsiones del Gobierno". "Demandamos un plan de dotación de recursos necesarios a las comunidades autónomas para poder disponer del dinero preciso para hacer frente a ese proceso de atención e integración que se va a derivar de ese proceso de regularización", afirmó.

El Consejo de Gobierno analizó hoy un 'Informe sobre los efectos de la regularización de inmigrantes en la Comunidad de Madrid' en el que se calcula que entre 250.000 y 300.000 personas extranjeras regularizarán su situación durante los tres próximos meses en la región, una cifra que aumentará con las medidas de reagrupamiento familias.

En este sentido, el portavoz autonómico dijo que, "según los cálculos iniciales que la Comunidad de Madrid está realizando sobre la posible incidencia del proceso de regularización, el coste directo que se va a derivar de un proceso de esta envergadura superará los 500 millones de euros" frente a los 120 millones de euros que ha previsto la Administración central.

González señaló que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, afirmó que la población inmigrante tiene que tener todas las prestaciones para que se produzca la integración y le recordó que "estos servicios tienen unos costes adicionales que deben ser financiados por el Estado" y "debe dotar a las comunidades autónomas de los recuros necesarios".

El vicepresidente primero señaló que "Madrid está muy por encima" del porcentaje razonable de población extranjera de entre el 8 y el 10 por ciento, según datos del Ministerio de Trabajo, y añadió que al Gobierno regional le preocupa mucho más "que el Ejecutivo central haya dicho que va a poner un fondo de 120 millones de euros para acompañar los procesos de regularización, porque son absolutamente insuficientes, ni siquiera para hacer frente a los servicios más elementales".

100.000 EUROS AL AÑO

El portavoz autonómico señaló que el coste medio de cada inmigrante es de unos 100.000 euros al año y subrayó que, si la cifra prevista es de entre 250.000 y 300.000 inmigrantes, "se supera con mucho las escasísimas previsiones del Gobierno". "Demandamos un plan de dotación de recursos necesarios a las comunidades autónomas para poder disponer del dinero preciso para hacer frente a ese proceso de atención e integración que se va a derivar de ese proceso de regularización", afirmó.

Preguntado por el "problema" que supuso la falta de planes de regularización durante los gobiernos de José María Aznar, el ex secretario de Estado para la Inmigración dijo que tales planes no se acometieron "porque está demostrado que eso no va a servir para ordenar los flujos migratorios".

"Desde el año 2000 la política de inmigración es una política comunitaria. La circulación interior es libre, la frontera es única y exterior y la decisión sobre quién entra y cómo se entra es una decisión compartida. Antes ha habido por los menos tres procesos de regularización y todos ponen de manifiesto que se ha producido un incremento en la concentración de población porque producen una atracción con la expectativa de que se pueda producir una situación de regulación", aseveró.

González indicó que los países de la UE "ven con preocupación un proceso de regulación que se ha hecho al margen de la política comunitaria" y recordó que "para abordar el problema de la inmigración lo que no se puede es actuar por libre, como se ha actuado en este momento, y de una manera tan masiva".

"Estas decisiones no se pueden tomar al margen de nuestros socios, de nuestra política comunitaria. Mientras yo tuve la responsabilidad no tomamos decisión en este sentido por lealtad y respeto institucional y porque los efectos que producen a medio plazo no sirven para ordenar los flujos migratorios", incidió.