FUERTEVENTURA. «Y si ahora dijeran, venga, vamos a poner vallas para cerrar Tarifa... o Motril, y que todos los inmigrantes que llegan se queden dentro, ¿qué pasaría?, ¿cómo reaccionaría la gente?. Pues eso ya lo tenemos aquí: el mar es nuestra valla, atrapa la isla, y nosotros no podemos aguantar más inmigración. De ninguna manera, porque si no nos ahogan...». En Fuerteventura el traslado a la Península de los subsaharianos que arriban a las costas en un goteo constante y dramático de pateras -7.543 el pasado año- es una cuestión de «necesidad extrema», «imprescindible» y de «sentido común», que de acabarse, dicen, desembocaría más pronto que tarde en un conflicto seguro. «La mecha sólo falta encenderla», advierten en el Cabildo insular, donde la consejera de Asuntos Sociales, Natividad Cano, subraya que si en Fuerteventura “no hay «un Ejido, es porque, con muy pocos recursos, abandonados por los gobiernos del PSOE y del PP, que nos dio el peor de los tratos, esta institución ha tenido mucha imaginación y mucha habilidad para evitar brotes de xenofobia.”

 

 

Al menos hasta hoy, cuando el disgusto de los destinos receptores -Madrid, Valencia, Málaga y Murcia fundamentalmente-, el compás de espera abierto por el Ejecutivo en torno a los vuelos, o la literatura sobre el coste en millones de euros de las deportaciones han suscitado en la isla un sentimiento de contrariedad. De que Fuerteventura ya ha sido suficientemente paciente con la situación, de que su capacidad solidaria y de acogimiento ya está más que demostrada y no cabe ponerla en entredicho. Y de que -coinciden la directora Insular, Rita Díez, el Cabildo, la Cruz Roja, en la calle..- «España es una», y este es un problema a compartir. «Estamos en una Europa en la que no hay fronteras, se supone entonces que tampoco entre las Comunidades Autónomas ¿no?, entonces qué conflicto hay...», se pregunta el coordinador de Cruz Roja desde la capital.

 

 

El debate y la preocupación por lo que pueda pasar están sobre todo en los despachos, y más cuando en el Centro de Internamiento de Inmigrantes de la isla, el inmenso recinto de «El Matorral», hay 499 personas con el decreto de expulsión en regla a punto de cumplir el máximo de 40 días de reclusión, a las que la Ley de Extranjería ordena poner en libertad entre hoy y el próximo día 30. Y siguen llegando más: la última patera, el pasado lunes, con 37 hindúes y un natural de Guinea Conakry -países sin convenio de readmisión- a bordo.

 

 

«No queremos alarmar, pero Fuerteventura no puede permitir bajo ningún concepto que esa gente se nos quede aquí», dice una de las autoridades consultadas por ABC, temerosa de que el Estado pueda sucumbir a las presiones de otras Comunidades y decida ir abriendo poco a poco las puertas de «El Matorral» con «sueltas difuminadas». Como la del pasado agosto, cuando se encontraron a 25 subsaharianos caminando en plena noche hacia Puerto del Rosario. «No sería una más, -añade la misma fuente- si se repite un caso así vemos una protesta firme, hemos soportado con talante solidario y buena relación de vecinos mucho, y sin respuesta, porque aquí, que todos se enteren, sufrimos a plomo la doble centralización: la de Madrid y la de no ser isla capitalina».

Lo único que contemplan, la deportación. Pero no a cualquier precio, también reconocen todos. Los «vuelos de la vergüenza», desde la óptica de los habitantes de la isla y quienes les dirigen. lo son, pero no porque los viajes estén injustificados, sino porque los pasajeros sin papeles, sin amparo, y muchas veces sin expectativas acaban dejados a su suerte en una plaza cualquiera. Y lo dice una población sensibilizada de verdad, que hablando de vergüenza, ya tuvo su propia cuota con el centro de internamiento pegado al aeropuerto que se cerró en junio pasado, el llamado «Guantánamo 2» por el sórdido hacinamiento que convirtió sus tripas de cárcel en algo muy próximo a un campo de concentración.

 

Una población con la conciencia golpeada por la tragedia de los espaldas mojadas desde 1994, cuando llegó la primera patera, y que desde entonces ha coexistido con sosiego y grandes dosis de piedad con el sufrimiento de las gentes que llegan exhaustas a sus playas huyendo del infierno. Por no hablar de los que mueren en el intento, cuyos cadáveres yacen en los cementerios de Tuineje o Antigua bajo lápidas en las que sólo consta un número y una leyenda triste: “inmigrante”.

 

Entre los vecinos y en los despachos, el transporte de los subsaharianos a la España peninsular no admite discusión a la luz también de una creencia unánime: «Esta es una isla de paso, ellos no quieren quedarse aquí», indica, como tantos, un policía local en acto de servicio. Recalan en la costa majorera porque es la puerta más próxima al sueño europeo, «pero lo que buscan es Almería o Barcelona, hasta traen direcciones y contactos, y los que más Francia... muchos cuando se dan cuenta de que están a miles de kilómetros se ponen a llorar». Lo cuenta una voz institucional que prefiere no ser identificada, y que añade el comentario más inconfesable de que «pues sí, lo que buscan es Francia, así es que vamos a ponerlos en la península y a dejarnos de tonterías, que ellos solos se van a ir para Francia”.

 

Otra voz que también pide ser anónima, esta vez de un agente de la Policía Nacional, advierte tras años de trabajo en Fuerteventura que detrás de la defensa a ultranza de las deportaciones hay una xenofobia, oculta y latente, pero xenofobia pura y dura. Sin más. Al igual, subraya, que en tantos otros puntos de España: «molestan los negros, el «moro», el subsahariano, mientras la inmigración sea hispanoamericana todo va bien, pero no quieren negros en las calles porque no se integran, ni quieren aprender el idioma, ni trabajar. Por eso en Fuerteventura, y en todas partes, van a seguir pidiendo que se los lleven a otros sitios en aviones”.

 

El otro ángulo de los traslados al continente es el del «efecto llamada»: si hay quienes han visto a inmigrantes romperse de desolación al comprobar que el mafioso de turno les dejó a años luz de su objetivo, en la puerta de «El Matorral», los agentes daban cuenta el jueves a ABC del alto grado de adoctrinamiento de los que últimamente llegan y se quitan la ropa mojada antes de que nadie se lo indique. Sabedores de que lo primero que les van a dar es un atuendo nuevo, limpio y seco. «Conocen perfectamente qué les va a pasar, y que antes de 40 días los van a sacar de aquí para ponerlos en libertad en España. Por eso vienen tantos subsaharianos y van a seguir viniendo, y ya casi ningún marroquí, porque antes de 72 horas los tienen de vuelta en su casa», reflexiona uno de los policías.