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Australia selecciona su inmigración basándose en un sistema de coeficientes que valora las habilidades del solicitante, de acuerdo a su educación u oficio o su nivel de inglés y los requerimientos del mercado laboral australiano. Cualquier ayuda otorgada por el Gobierno, como auxilio de familia, maternidad, desempleo, estudiantes, ayuda de alquiler o crédito educativo, son es posible tras dos años como residente legal. Australia cuenta con una sólida tradición democrática, pionera del voto femenino y de la votación secreta (1895).
En España sólo alrededor de uno de cada cuatro inmigrantes cotiza a la Seguridad Social. Los ilegales cuentan con un amplísimo abanico de coberturas que van desde la asistencia jurídica gratuita, educación, sanidad, manutención, ayudas a la estancia e incluso al retorno. De los que cotizan el 75% lo hacen en las categorías profesionales no cualificadas con los salarios más bajos. |
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Su constitución es vigente desde 1901. Su tradición democrática es tal que las luchas parlamentarias y los debates son transmitidos masivamente por los medios de comunicación. Esto ha dado al gobierno australiano la reputación de estar consolidado a través del debate público y ha reforzado el Poder Ejecutivo.
En este país las leyes de inmigración se basan en un sistema de puntajes que da distintos coeficientes a las habilidades del inmigrante de acuerdo a su educación u oficio o su nivel de inglés, en base a los requerimientos del mercado laboral australiano. El sistema favorece también el concepto de arraigo, otorgando mayores facilidades a los futuros inmigrantes que tuvieran familiares residentes en Australia. Al fin, solo se autoriza la estancia a los mejor situados.
Existen varias categorías de inmigrantes, siendo la más común la General Skilled Migration, hecha para profesionales con experiencia de trabajo en las respectivas áreas de estudio. La nota para pasar, es el resultado de una sumatoria de aptitudes y situaciones de un individuo o familia. Este varemo de puntos puede variar al alza o a la baja, de acuerdo con el flujo de inmigrantes al país y de los intereses australianos, permitiendo que la inmigración se vincule de forma más precisa a las necesidades reales del mercado de trabajo
Un extranjero no puede esperar ayudas del Gobierno antes de residir legalmente dos años en Australia. Beneficios como auxilio de familia, maternidad, desempleo, estudiantes, ayuda de alquiler o crédito educativo, son solo posibles tras dos años como residente o para aquellos que ya son ciudadanos.
En España el fenómeno es bien distinto. El INE data en 43 millones de habitantes la población española, de los cuales tres millones son extranjeros. A primeros de octubre la Seguridad Social sólo tenía 1.075.837 cotizantes extranjeros. Si a éstos se les descuenta el colectivo de 253.719 trabajadores procedentes de la Unión Europea, quedan un total de 822.118 afiliados inmigrantes, el 26% del total de extranjeros que cifra el INE.
En España sólo alrededor de uno de cada cuatro inmigrantes cotiza a la Seguridad Social. Los inmigrantes ilegales cuentan con un amplísimo abanico de coberturas que van desde la asistencia jurídica gratuita, educación, sanidad, manutención, ayudas a la estancia e incluso al retorno.
El 75% de los inmigrantes que cotizan lo hacen en los grupos de cotización del ocho al diez, que es donde se agrupan las categorías profesionales con los salarios más bajos trabajadores no cualificados.
Según el Eurostat llegan al año 600.000 inmigrantes, una abrumadora mayoría ilegalmente. Los gastos ocasionados por las prestaciones que el estado les ofrece son tales, que asistimos a una lluvia de solicitudes de municipios, jueces, cuerpos de seguridad o instituciones penitenciarias, que reclaman medios humanos y económicos para paliar la sangría económica.
El fenómeno migratorio contribuye a agravar determinantemente la manifiesta insuficiencia de recursos y el recorte e imputación de parte de los gastos de servicios fundamentales a los usuarios, que han puesto en peligro los principios de igualdad de acceso, continuidad de servicios de primera necesidad y naturalmente rebajando nuestra calidad de vida.
Si hemos quedado en que ocupan las franjas de salarios más bajos, son por tanto los que menos cotizan, y sin embargo son los que más gastos ocasionan y más ayudas acaparan del estado, desplazado a los españoles que antes recibían estas ayudas. Esta descompensación agudiza el colapso de las instituciones y ayuda a consolidar la progresiva reducción de prestaciones, además de la presión a la baja que ejerce en la calidad del mercado de trabajo.
¿Donde nos lleva todo esto? Nadie puede estar en contra de las personas ni de una inmigración regulada. Por contra, este fenómeno bien dirigido puede ser una fuente de progreso y desarrollo tanto para los países de acogida como para los de origen. Pero el fenómeno que sufrimos dista mucho de ser beneficioso para nadie.
El fenómeno migratorio actual se basa en la inmigración de sustitución. Leyes como las de reagrupación familiar, las regulaciones o visados masivos, favorecen que la población inmigrante se desborde en muy poco tiempo. La falta de mecanismos y capacidad para su integración, favorece la formación de bolsas marginales.
Su permanencia indiscriminada más allá del vínculo laboral, hace que se corte un flujo de divisas, fundamental en muchos casos para los países de origen. Países que ven como la sangría de mano de obra joven y emprendedora no tiene ninguna compensación, ni favorece el desarrollo del país de origen, sino más bien todo lo contrario.
¿Qué ocurriría ante una caída del empleo en el sector inmobiliario o de servicios con la mayoría no cualificada inmigrante? ¿Cómo va equilibrar la Seguridad Social el nivel de gasto que supone la inmigración con los escasos ingresos que produce?
Sistemas como el australiano pueden paliar los efectos de una inmigración desbordada y desvinculada de las necesidades reales del mercado de trabajo. Incluso es posible que ayudaran a reducir el índice de delitos al elevar la “calidad” de la inmigración, sus posibilidades de auto subsistencia y aumentar mediante la selección su capacidad de integración. Debemos mirar hacia los sistemas que funcionan. Sería una buena idea emplear en nuestro país el mismo sistema de admisión que emplea la consolidada democracia australiana.
