En virtud de este Protocolo el gobierno español se comprometió a no rebasar en el 2010 en un 15 % las emisiones del año 1990. La realidad es que ahora superamos las emisiones de aquel año en un 40 %. El aumento del parque automovilístico, la mayor actividad industrial y el gran número de viviendas construidas son algunas de las causas de este enorme aumento. En 15 años muy poco se ha hecho para promocionar las energías limpias y los mecanismos necesarios para que los procesos industriales no viertan veneno al aire brillan por su ausencia.

 

Responsables de los Ministerios de Economía y de Medio Ambiente y el director de Fondos de Carbono del Banco Mundial, Ken Newcombe, suscribieron hace unas semanas una carta en la que el Ejecutivo español se compromete a adquirir los derechos de emisión de cuarenta millones de toneladas, a un precio de cinco euros por tonelada.

El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión se convierte así en la principal arma que el gobierno piensa usar para reducir las emisiones de CO2. Paradójicamente la puesta en marcha de este plan no traerá consigo una reducción real de estas emisiones en nuestro país. Veamos porque: El gobierno no tiene previsto que se emita menos CO2 sino que ha previsto que se compren derechos para poder seguir contaminando. El protocolo de Kioto estableció unas cuotas de emisión de CO2 para cada país. El país que no alcance ese tope podrá vender a terceros las toneladas de CO2 “que le sobren”.

 

El dinero que pagaremos entre todos irá a parar entre otros a dos “Fondos Multidonantes”: el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario, por el que se obtendrán 4 millones de toneladas con una inversión de 20 millones de euros, y el Fondo Biocarbono, por el que se lograrán dos millones de toneladas con una inversión de 10 millones de euros.

            El Banco Mundial invertirá dichos fondos en la financiación de proyectos limpios en países en vías de desarrollo, proyectos que tienen el denominador común de generar beneficios medioambientales a nivel global, y que se puedan medir en términos de reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de las cuales España se convertirá en titular. Mientras, las industrias españolas seguirán contaminando a tuti pleni.

¿No habría sido más lógico hacer los deberes en estos últimos 15 años y emplear los fondos que ahora donamos a terceros países en llevar a cabo proyectos que redujesen las emisiones en nuestro país?

 

Además, una vez que estos fondos sean trasladados a países en vías de desarrollo será muy difícil verificar que realmente se emplean para reducir las emisiones contaminantes.

 

 

En resumen, artimañas de tahures que nada tienen que ver con la defensa del medio ambiente. Mientras no se cambie el concepto de “el que contamina paga” por el de “el que contamina paga y además deja de contaminar”, seguiremos expuestos a todo este rosario de planes absurdos.