La comunidad autónoma puntera de España tiene algunos agujeros en sugestión...y en el fondo de los agujeros algunos secretos inconfesables. Casi todos los días los madrileños se desayunan con la noticia de la inauguración de un nuevo hospital, justificando soportar la mayor carga impositiva de España, pero les deberían explicar algunas cosas.   Los nuevos hospitales abiertos en la comunidad son de gestión privada. Han cubierto sus plazas con médicos de los hospitales públicos que se han quedado sin buena parte de su personal, atraído por mejores instalaciones y la expectativa de mejoras salariales.   En el caso de La Paz se han ido ya el 40% de los médicos. A pesar de esto hay dos hospitales privados que no han abierto todavía por falta de personal. Pero cobran de la comunidad una cuota fija diaria como si estuviesen en activo.   Donde hay personal secuestrado de la sanidad pública se cobra a cuenta de sus antiguos hospitales de origen. Es decir, esos médicos trabajan para un hospital privado pero su sueldo sale del hospital público.     Se contrata personal médico inmigrante con titulaciones difícilmente homologables en España. Mientras tanto hay entre 4.500 y 5.000 sanitarios españoles de todo tipo trabajando en el Reino Unido o Portugal.   ¿Por qué? Muy sencillo. Los sueldos tras seis años de carrera y casi otros tantos de especialidad e interinidad rondan los 900 €...y a dar de comer a la familia con eso. El sanitario inmigrante cobra lo mismo tras en algunos casos, año y medio de “durísima” carrera en países de oriente o Sudamérica. Y el complemento salarial lo reciben en forma de ayudas públicas para inmigrantes, que en algunos casos les doblan el sueldo.   El español no las recibe porque la mayoría no ha formado una familia al haberse dedicado al estudio, o procede de una familia que le pudo pagar los estudios, a la que no ha abandonado por lo que “no tiene necesidades”. Desde luego no las tendrá nunca viviendo por obligación en casa de sus padres.   También hay una prohibición de contratar nuevos médicos, en tanto no se cubran las plazas de todos los hospitales privados para que estos puedan empezar a funcionar. A pesar de la clamorosa necesidad de médicos de los hospitales públicos para cubrir las bajas de los médicos que se fueron a los privados. Esta prohibición no afecta a los programas de integración laboral de inmigrantes, por lo que médicos paquistaníes o peruanos, no tienen problemas.   Cada hospital privado cobra de la comunidad 300 € por cada paciente que atiende, independientemente de que le haga diagnostico, pruebas o consultas. Esta cuota sigue siendo de 300 €, aunque lo que le hagan cueste mucho menos. Cuando llega un paciente cuya prueba cuesta más de 300 € es desviado automáticamente a un hospital público. Así el hospital privado nunca pierde dinero, y además no compensa en otros pacientes sus ganancias cuando ha atendido a otro paciente por menos de ese dinero.   ¿No pueden homologarse los privados a los públicos en material y servicios? Ninguno de los privados tiene laboratorio para hacer sus propios análisis de sangre, de bioquímica o citología. Estos servicios son contratados a empresas privadas externas que cobran sus trabajos. Como muchos médicos no se fían mucho de lo que hacen estas empresas externas, en la práctica es frecuente mandar las muestras para analizar por duplicado. Por una parte a la empresa externa responsable de ese servicio, y por otra parte a un laboratorio amiguete de la pública del hospital de procedencia. La sanidad pública está pagando cada análisis hecho por duplicado.   Esta sanidad avalada por la Sra. Aguirre es el paso previo a la total privatización. Pero en el lado socialista no se quedan atrás. Cuando protestan en la puerta de los hospitales lo hacen por la sencilla razón de que no son los suyos, los que ponen el cazo y como muestra un botón: la nueva ley del aborto no solo está llevando a cabo por razones filosóficas o de ideología. La mayoría de las clínicas abortistas de la Comunidad de Madrid son propiedad de afines o reconocidos miembros del PSOE, a los cuales no les importa asesinar un feto de ocho meses perfectamente sano a cambio de 600 €.