El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dio a conocer el pasado martes un borrador del reglamento de extranjería, cuyo objetivo primordial es la regularización de una bolsa de inmigrantes en situación irregular que distintas fuentes sitúan en al menos un millón de personas. La importancia de la economía sumergida y la situación fronteriza de España, desde el punto de vista geográfico pero también lingüístico, explican que se haya convertido en el año 2003 en el principal país receptor de inmigrantes de Europa.

Según el ministro Jesús Caldera el nuevo reglamento y sus disposiciones transitorias supondrán una “normalización” para todas aquellas personas que acrediten un “arraigo laboral” bajo determinadas condiciones, cuyos flecos pretende pactar en las próximas semanas con los interlocutores sociales y políticos.

Los últimos datos facilitados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Regularización indican que a 30 de junio había en España 1.776.953 extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor. De esa cifra, había un 24% que procedían de países de la UE, el 10% eran no comunitarios, el 25% africanos, el 32% iberoamericanos y el 7% asiáticos. Y por colectivos, los más importantes eran marroquíes (350.059), ecuatorianos (191.326), colombianos (122.860) y británicos (117.322). De ellos, sólo el 29% disponía de autorización de residencia permanente. Pero en esas estadísticas no figura el número de inmigrantes sin papeles. A ellos se dirige especialmente esta reforma del reglamento, aunque regula también otros aspectos ligados a la inmigración.

La única fórmula para aproximarse al número de extranjeros en situación irregular es a partir de los padrones municipales, puesto que la gran mayoría de quienes entran en España se registran en los ayuntamientos para poder acceder a la sanidad gratuita y disponer de escuela en el caso de tener hijos. El último padrón, de 1 de enero del 2003, revelaba que en España residían 2.664.168 extranjeros (6,2% de la población total) y que la cifra había aumentado un 34% respecto a enero del 2002. En esa misma fecha había 1.324.001 residentes extranjeros con permiso o tarjeta de residencia, de lo que se deduce que más de 1,3 millones de extranjeros estaban en situación administrativa irregular.

La secretaría de Estado de Inmigración ha comentado que esta cifra es muy abultada y que el número de irregulares se situaría por debajo de los 800.000, puesto que los padrones registran muchas duplicidades y desde entonces se han regularizado unos 450.000 residentes. Sin embargo, en el año 2003 se vivió un constante goteo de nuevas llegadas, por lo que la mayoría de entidades sitúa el número de ilegales entre los 1 y 1,5 millones de personas.

Antes del verano, la Fundació Jaume Bofill realizó un estudio para Catalunya en el que hacía este mismo cálculo (diferencia entre el padrón municipal y el número de residentes autorizados), pero con datos actualizados a 1 de enero del 2004, recogidos directamente por la Secretaria de Inmigració de la Generalitat entre los ayuntamientos. Según este estudio, en Catalunya había 689.349 extranjeros empadronados, lo que representaba un aumento del 50% respecto al año anterior. Descontados los residentes legales, Catalunya contaba con 305.411 irregulares, unos 90.000 más que el año anterior, lo que indicaría un crecimiento del 30%. Ese incremento aplicado a España indicaría que a principios de este año la cifra de ilegales llegaba a los 1,6 millones.

El estudio de la Fundació Jaume Bofill, dirigido por Eliseo Aja y Mónica Naranjo, demostraba que los datos del Ministerio no son completos, “ya que no recogen el número de personas que se hallan en proceso de renovación de sus permisos”, bastante elevado durante el 2003 debido al bloqueo existente. Por otro lado, se reconocía también que “los padrones pueden acumular duplicidades y errores que sobredimensionan el volumen real de la población extranjera”. Según este estudio, al menos en Catalunya la situación de irregularidad estaba afectada especialmente por las oleadas más recientes de inmigrantes sudamericanos, en concreto ecuatorianos, colombianos y argentinos, más del doble de empadronados que de regulares. Este colectivo reprenta más de la mitad de los sin papeles. Otra característica es que más de la mitad de sus componentes son mujeres y que, en el caso de las comunidades de América Central (dominicanos, cubanos, mexicanos), equivalen al 66%. Estas mujeres acostumbran a trabajar en labores domésticas, por lo que para la mayoría es muy difícil conseguir un contrato laboral. Lo mismo pasa con un gran número de jóvenes sudamericanos, que trabajan cuidando a ancianos y tampoco trabajan para empresarios.

El segundo grupo más numeroso de irregulares en Catalunya corresponde a los países de la Europa del Este. Rumanos, rusos y ucranianos registraban también el doble de empadronados que de residentes, pues la mayoría ha llegado durante los dos últimos años.