Artículos: Los «pisos patera» amenazan con romper la convivencia en los barrios marginales
Inmigración
Los «pisos patera» amenazan con romper la convivencia en los barrios marginales del área metropolitana de Barcelona.
 
En el último año y medio padecen una auténtica plaga de viviendas realquiladas donde viven hacinadas un número indeterminado de inmigrantes. Los alcaldes y vecinos ven con preocupación el auge del negocio de las «pensiones ilegales» en sus barrios. En esos pisos conviven en 60 metros cuadrados más de diez personas -en algunos se han contabilizado hasta 35 inquilinos- que llegan a pagar entre 100 y 120 euros mensuales por una cama o un sofá.


En algunas de esas barriadas, la demanda de un jergón es tan alta que ya se da el negocio de las «camas calientes» para atender a los ilegales que buscan un sitio para descansar durante unas horas. Los precios oscilan entre los 60 euros por un colchón -en alguncos pisos hay tres turnos- hasta los 100 por un sofá y 120 por una cama en un habitación con tres literas. Esta situación de hacinamiento, según denuncian las autoridades y ONG´s como SOS Racismo o Sodepau, pone en peligro la convivencia vecinal y fomenta el racismo en las zonas que padecen esta problemática.

Paquistaníes y chinosEl mayor control de los «pisos patera» en la Ciudad Condal -y, sobre todo, el precio de la vivienda en la capital catana- están detrás del auge de este fenómeno en el cinturón industrial de Barcelona. Las mafias de inmigrantes, especialmente paquistaníes y chinos, que compran pisos para realquilarlos a sus compañeros u otros inmigrantes ilegales, han trasladado su actividad a los barrios metropolitanos para rentabilizar aún más su negocio sucio, aunque no ilegal.

 
Este es el caso de los barrios de Sant Roc, Artigas y La Salut en Badalona donde ya se han registrado enfrentamientos y discusiones, y en algunos casos se ha llegado hasta las manos entre los viejos vecinos y los recién llegados. La Guardia Urbana de Badalona detectó el año pasado 176 viviendas sobreocupadas donde residían un millar de personas, aunque la cifra asciende hasta las 2.700 personas en el padrón municipal. La unidad de convivencia de la policía local, en colaboración con las brigadas de extranjería de la Policía Nacional y de los Mossos d´ Esquadra, desmantelaron una veintena de «pisos patera», ocho locales comerciales empleados como viviendas y seis pensiones ilegales.
 
Alquiler por horas
 
En una de sus inspecciones, los agentes descubrieron un local comercial que un ciudadano chino había dividido en diez habitáculos, donde apenas cabía un colchón, y que alquilaba por horas a sus compatriotas y a otros inmigrantes ilegales.
 
La Policía Nacional también localizó, a finales de 2006, once «pisos patera» en el barrio de La Salut de Badalona, en el que se hacinaban 122 ciudadanos rumanos, de los que 34 vivían amontonados en un pequeño piso de menos de 60 metros cuadrados.
 
Los barrios marginales del resto de municipios metropolitanos padecen la misma situación que la tercera ciudad de Cataluña. El último consejo de alcaldes del PSC, que agrupa a los ayuntamientos socialistas de una treintena de localidades de más de 50.000 habitantes, reclamó a principios del año pasado al Gobierno central «una revisión de la Ley de empadronamiento» para que fije un límite en el número de personas empadronadas en una misma vivienda en función de su tamaño. Reclamaron, además, que los ayuntamientos puedan controlar y sancionar la sobreocupación de los pisos o la utilización de un local comercial como pensión ilegal.Con esta iniciativa, los primeros ediles de los principales municipios catalanes pretendían combatir el fenómeno de las «camas calientes» o «pisos patera», aunque, a juzgar por el tiempo transcurrido, su demanda ha caído en saco roto.
 
Sobreocupación
 
El Ayuntamiento de Barcelona detectó hace un año y medio que en la ciudad había 1.895 viviendas con más de once personas censadas en el mismo piso, según explicaron fuentes municipales. No obstante, reconocieron que a estas viviendas sobreocupadas «legalmente» se podrían sumar otras tantas de «ilegales» y no detectadas por los servicios municipales porque no existe ningún censo sobre pisos o habitaciones realquiladas en Barcelona, ya que no es una actividad ilegal.
 

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