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"¿REPATRIADOS? NINGUNO" El Director General de Migraciones de la Junta de Extremadura reconoce entre risas que no se ha repatriado a ningún inmigrante ilegal en la comunidad extremeña.
La asociación Pro Ivstitia denuncia que las declaraciones efectuadas días atrás por la Consejera de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, Leonor Flores, afirmando que los inmigrantes trasladados desde Canarias iban a estar en Extremadura en estancia temporal de no más de 40 días, no responden a la realidad y pretenden engañar a la sociedad extremeña acerca del verdadero destino de estas personas. |
El Reglamento de Extranjería vigente establece que la estancia temporal de 40 días debe hacerse en centros de internamiento de extranjeros, pero la Junta de Extremadura no dispone de ellos por lo cual los inmigrantes irregulares que han sido trasladados en esta ocasión serán dejados simplemente en la calle o en viviendas y centros gestionadas por ONGs en espera de una próxima regularización. De hecho, los más de 400 inmigrantes irregulares que, en distintos momentos, han sido enviados a Extremadura desde 2005, ninguno de ellos ha sido devuelto a sus países porque los trámites de expulsión no se llevan o no pueden llevarse a efecto.
Un representante de la asociación se entrevistó con Antonio Olivenza, Director General de Migraciones de la Junta de Extremadura y responsable de llevar a efecto esta política de acogimiento, el cual nos reconoció entre risas y actitud prepotente que no se había repatriado a ningún inmigrante ilegal en anteriores ocasiones.
La Consejera anunció también que no se ha querido informar anteriormente del número de personas que han sido acogidas por la Junta de Extremadura "por razones de seguridad" y porque "lo podíamos haber vendido como una exhibición de solidaridad pero hemos preferido callarlo". Nuestra asociación estima que esas "razones de seguridad" sólo pueden entenderse desde una política de deliberado secretismo para evitar posibles críticas y no crear alarma social entre los extremeños. Esta actitud supone un grave desprecio hacia los ciudadanos máxime cuando las políticas de integración de inmigrantes ilegales van a salir de los bolsillos de esos mismos ciudadanos.
Pro Iustitia cuestiona la idoneidad de los traslados desde Canarias y de las medidas de acogida y regularización posteriores ya que tienden a fomentar la llegada de más inmigrantes ilegales que llegan convencidos de que, a pesar de entrar clandestinamente en España, terminan quedándose amparados por una legislación muy permisiva.
