La especulación urbanística ha dejado paso a un nuevo tipo negocio. La escasez de suelo en los alrededores de las grandes ciudades ha obligado a muchos promotores inmobiliarios a buscar una salida poco común. Las antiguas instalaciones industriales son sus objetivos, sobre todo, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos esos terrenos se ubican en zonas con notables expectativas de revalorización.

   El problema es que en muchos casos esos terrenos son recalificados por los ayuntamientos sin que previamente hayan sido descontaminados, como mandan las leyes estatales o autonómicas. La consecuencia, según la organización ecologista Lur Maitea, es obvia: se están construyendo viviendas y locales comerciales sobre suelos altamente peligrosos. Y lo que es peor, sin que lo sepan los compradores. La situación se extiende por toda la geografía nacional, pero principalmente en aquellas zonas con fuerte pasado industrial, en las que se ha creado un auténtico mercado de suelos contaminados.

   Años de denuncias. Los grupos ecologistas vienen denunciando este proceso desde hace años. Principalmente en el País Vasco, donde según Lur Maiteaexisten muchos informes del Instituto Nacional de Toxicología y del Seprona que demuestran la existencia de construcciones -tanto de uso civil como residenciales- levantadas sobre terrenos contaminados.

   En concreto, se citan casos como los de la Feria de Muestras de Baracaldo o la nueva terminal del aeropuerto de Sondica, levantada sobre terrenos todavía contaminados por una sustancia denominada lindane, altamente tóxica. Esta sustancia es un pesticida, prescrito antiguamente contra la sarna y los piojos infantiles, que está considerado como un agente cancerígeno y de ahí su alta peligrosidad.

   Según Lur Maitea, algunas superficies comerciales del País Vasco -como el centro comercial Artea (en Lejona) o los centros Continente de Erandio y Sestao (Vizcaya) están construidos sobre terrenos contaminados, en este último caso como consecuencia de la existencia anterior de un vertedero de Babcock Wilcox España. La asociación ecologista apunta la responsabilidad de Ihobe, la empresa pública del Gobierno vasco encargada del tratamiento de residuos industriales. Pero ésta siempre se ha defendido con el argumento de que sus trabajos están en sintonía con el medio ambiente y su sostenibilidad.

   La Ley de Residuos del año 1998 obliga a delimitar y a realizar un inventario de los suelos de carácter peligroso para la población, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. Un mandato que, según los ecologistas, no se cumple en muchos casos, ya que el proceso de regeneración de un suelo machacado durante años con sustancias químicas es muy elevado.

   Según la portavoz de Lur Maitea, Consuelo Elosua, «entre el 70 y el 80 por ciento del suelo sigue contaminado», ya que las autoridades se comportan de forma «tramposa y fraudulenta». Aunque la legislación obliga a realizar una anotación marginal en las escrituras públicas inscritas en los registros de la propiedad cuando el terreno tiene antecedentes de contaminación química, rara vez se hace esa anotación.

   Los ecologistas ponen también como ejemplo un terreno de unos 36.000 metros cuadrados pendientes de recalificación urbanística en la localidad vizcaína de Lutxana. Los terrenos estaban ocupados por Plastificantes de Lutxana, una filial de Cepsa, y en los últimos años fueron regenerados por la sociedad pública de gestión ambiental (Ihobe).

   Sin embargo, el pasado 31 de marzo el Instituto Nacional de Toxicología entregó los resultados de unos análisis en los que se concluía que las seis muestras recogidas eran ecotóxicas. Las muestras acreditaban la existencia de restos de cadmio, plomo, grasa de silicona, cobre, zinc, lindane y otras sustancias. La existencia de lindane -altamente deflagrante- provocó hace algún tiempo que dos operarios saltaran por los aires, ya que en ese momento estaban utilizando unos sopletes.

   De fábricas a pisos cotizados. Uno de los casos más conocidos de venta de suelo contaminado se refiere a la recalificación de los terrenos de la antigua fábrica de Uralita, a las afueras de Sevilla. El cambio de uso lo decidió el anterior ayuntamiento hispalense, cuando el Partido Andalucista regía el área de Urbanismo, y aún hoy hay filtraciones de amianto, según han denunciado en repetidas ocasiones Los Verdes de Andalucía. Y lo mismo está sucediendo en Cartagena, Murcia, donde los planes del ayuntamiento de revisión del Plan Parcial denominado Novo Cartago pasan, según los ecologistas, por la recalificación de suelos contaminados por residuos mineros.