Actividades: IH en Extremadura, denuncia la política de vivienda y presenta nuestra propuesta
Economía

Denunciamos ante la Junta la política de vivienda de la Comunidad y presenta nuestra propuesta

IH solicita entre otras medidas el establecimiento de un sistema de tramos de forma que la mayor antigüedad tenga un porcentaje mayor de probabilidades de acceso a una vivienda, el reconocimiento de la antigüedad de residencia de padres o hijos en el Municipio con el objeto de facilitar el arraigo familiar o la inclusión como requisito mínimo en el caso de solicitantes extracomunitarios, diez años de residencia legal en el municipio



PROPUESTAS AL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA

1.       CONSIDERACIONES.

 
El actual sistema de adjudicación de vivienda pública dependiente de la Comunidad de Extremadura, regulada por el Decreto 254/2000, no otorga ningún valor al tiempo de residencia o trabajo en los municipios, lo que supone una grave injusticia que afecta a los vecinos arraigados, especialmente cuando se les sitúa en el mismo arco de probabilidades que a los solicitantes extracomunitarios.
 
Las Comunidades con capacidad de realizar una política social de vivienda, han llegado a esta posibilidad gracias al esfuerzo de desarrollo conjunto llevado a cabo durante muchos años por sus vecinos. Es por lo tanto lógico que el arraigo, es decir, la participación demostrada en este esfuerzo, tenga un peso determinante en las probabilidades de adjudicación. Apoyar las políticas de arraigo, es favorecer la integración, el compromiso, la participación y la continuidad familiar.
 
 
2.       DEFICIENCIAS EN LOS REQUISITOS DE SOLICITUD.
 
 
No obstante las distintas circunstancias anteriormente señaladas, el sistema vigente de adjudicación de vivienda pública, especificado en dicho Decreto, no parece tenerlas en consideración en absoluto por las siguientes razones:
 
 
1. La Junta de Extremadura pide tan sólo tres años de residencia para admitir la solicitud de vivienda pública, una de las cifras más bajas de toda España. La petición de tres años de empadronamiento supone una grave injusticia cometida sobre los vecinos arraigados, especialmente si se les sitúa en el mismo arco de probabilidades que a los solicitantes extracomunitarios, cuya aportación al desarrollo que hace posible la política de vivienda, debido a su corta estancia en nuestra comunidad, ha sido en la mayoría de los casos prácticamente inexistente. La mayoría de las promociones públicas emplean el tiempo de residencia o trabajo en el municipio afectado como criterio de selección, de tal manera que algunos municipios han optado por solicitar hasta 10 años de residencia.
 
 
2. El actual sistema no contempla el arraigo laboral. Puesto que la actividad laboral continuada en el término municipal, genera los mismos beneficios a la Comunidad y por tanto ha de generar los mismos derechos en el trabajador, el arraigo laboral a una misma empresa ubicada en el término municipal de referencia, debidamente acreditado, debe ser valorado en los mismos términos que la residencia.
 
3. El actual sistema no contempla el arraigo familiar. Resulta indispensable la promoción del arraigo familiar como factor de corrección en todas las políticas y muy especialmente en las de vivienda.
 
4. El actual sistema prima situaciones poco objetivas. Situaciones como "el disfrute de una vivienda sin título", "el estar sometido a un proceso de desahucio" o la "ocupación de una vivienda  insuficiente o infravivienda" son cualidades que  actualmente puntúan en la adjudicación. Estos extremos dan fácil cobijo al fraude o a la perversión del espíritu de la ley, pudiendo llevar en la práctica a otorgar viviendas a solicitantes con mayores propiedades, conductas asóciales (que en otros artículos del decreto se valoran como causa de exclusión)  o mayores ingresos que otros solicitantes descartados.
 
 
 
3.       PROPUESTAS.
 
 
 
El Decreto 254/2000 por el que se rige la adjudicación de viviendas comienza advirtiendo que "la evolución constante de la sociedad hace conveniente que las normas que regulan las políticas de vivienda sufran la misma evolución", sin embargo la ultima adaptación de la ley es de hace seis años, lo que la convierte en obsoleta, según los propios argumentos de la Junta de Extremadura.
 
Por todo ello, solicitamos que se realicen las siguientes mejoras en el procedimiento de adjudicación:
 
 
1.       Que adopte un procedimiento reglado que combine baremo y sorteo.
 
2.       Que determine la distribución total por colectivos para toda la promoción, donde sugerimos un 70% para vivienda joven (hasta los 40 años), un 25% de cupo general, un 3% a discapacitados y un 2% reservado a los casos de especial necesidad.
 
3.       Que establezca un sistema de tramos de forma que la mayor antigüedad tenga un porcentaje mayor de probabilidades de acceso a una vivienda.
 
4.       Que se reconozca a los solicitantes, en caso de resultarles favorable, la antigüedad de residencia de padres o hijos en el Municipio, con el objeto de facilitar el arraigo familiar.
 
5.       Que se elimine la subjetiva puntuación añadida en los casos de precario, acogido, desahucio o vivienda insuficiente, limitándose la valoración de la situación económica a ingresos, propiedades legalmente acreditados e integrantes de la unidad familiar con especial atención a los discapacitados y mayores a su cargo.
 
6.      Que incluya en los requisitos mínimos, en el caso de solicitantes extracomunitarios, diez años de residencia legal en el municipio.
 

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