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Vivienda cumple dos años de política de gestos, polémicas y escasos resultados

Crear un Ministerio de Vivienda fue una de las promesas electorales que el PSOE se vió obligado a poner en práctica cuando llegó al Gobierno. Y junto a ello, cumplir la promesa de poner en el mercado 180.000 viviendas. El Ministerio se creó hace ahora dos años, de las 180.000 viviendas nunca más se supo, y más después de que la titular del departamento, María Antonia Trujillo, aclarara que en lugar de viviendas la promesa quedaba referida a «actuaciones en materia de vivienda», extraño concepto que pocos comprendieron pero con el que quedó claro que otra promesa electoral quedaba incumplida de antemano.



De entrada, los expertos subrayaron las dificultades que la nueva ministra iba a encontrar a la hora de buscar un hueco para legislar en esta materia, ya que por una sentencia del Tribunal Constitucional las competencias en esta materia las tienen las comunidades autónomas. Y acertaron. A día de hoy, la gran asignatura pendiente es la nueva Ley de Suelo, prometida desde la toma de posesión de Trujillo.

El bautismo de fuego de la ministra con la realidad llegó con la polémica de los minipisos. Aprovechando la presentación de un estudio sobre nuevas tipologías de vivienda, María Antonia Trujillo insinuó su apoyo a que los pisos de 30 metros cuadrados puedan entrar en los baremos de las viviendas de protección oficial. Polémica al canto.

No obstante, sería injusto no destacar que la ministra sólo puso sobre la mesa una realidad que ya existe en el mercado. Y más aún, en algunas comunidades autónomas que se mostraron muy críticas sería legal (y lo es aún hoy) que una vivienda de 35 metros cuadrados se edificara bajo el manto de la protección pública.

Por mucho que la ministra trató de aclarar que sólo pretendía abrir un debate sobre algo que ya existe, se vió obligada a reiterar que no habrá pisos de protección oficial en los planes estatales con estas superficies. Y aunque la polémica se apaciguó, a buen seguro que Trujillo pasará a la historia como la «ministra de los minipisos».

Pero con ser este el asunto más «sonado» de la ministra, no es el único que ha generado polémica. Su decidida apuesta por el fomento del alquiler llevó a la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA), que ha sido objeto de fuertes ataques desde su creación por la escasa aportación al fomento del alquiler en comparación con sus presupuestos.

Sin embargo, Trujillo ha defendido que la labor de la SPA no consiste en ser un protagonista, sino en el agente decisivo para el incremento de las garantías que se ofrecen a los propietarios de viviendas para que se decidan a sacarlas al mercado de alquiler. Por ello, la SPA garantiza el cobro de las rentas desde el momento que la misma entre en la bolsa de alquiler de la agencia pública -pague o no pague el inquilino e incluso se alquile o no la vivienda-, así como la devolución del piso en perfecto estado pasado el plazo pactado. En el lado positivo, se puso en marcha el «Plan de choque» con el que el Ministerio aceleró sus primeras actuaciones en materia de vivienda protegida, ya que el plan anterior estaba vencido.

A pesar de que desde el Ministerio se ha asegurado que sus políticas, comenzando por el «Plan de Choque», están teniendo como resultado una desaceleración del crecimiento de los precios de la vivienda, los expertos subrayan que, tras el espectacular «boom» de precios, es lógico que ahora se entre en un periodo de mayor calma, aunque sí atribuyen al Ministerio el especial cuidado que sus actuaciones ponen en propiciar un aterrizaje suave de los precios en lugar de una caída brusca.

También sacó adelante el Plan de Vivienda, que supondrá un desembolso público de 6.822 millones de euros hasta el año 2008 para poner en el mercado ayudas públicas para 720.000 viviendas, lo que supone reiterar la promesa de 180.000 viviendas anuales. Pero, de nuevo, hay truco. En estas cantidades se incluyen viviendas nuevas, rehabilitadas, usadas y viviendas en alquiler, pero también ayudas a la urbanización, a propietarios e inquilinos y todo ello depende en gran medida de los convenios que se están firmando con comunidades autónomas y ayuntamientos. Singularmente, el Ministerio mantiene un fuerte enfrentamiento con la Comunidad de Madrid porque no ha incluido en el catálogo de ayudas estatales la figura del alquiler con derecho a compra.

Y para el inmediato futuro se espera la Ley del Suelo, una legislación que esperan como agua de mayo las constructoras, para acabar con el desorden existente en materia de expropiaciones para el desarrollo de infraestructuras, y los ayuntamientos, que quieren saber cómo va a afectar a su principal fórmula de financiación, el suelo.

Sin embargo, lo que ha trascendido hasta ahora es que por la vía del suelo -en la que el Estado sí tiene competencia- se pretende entrar en otras cosas, llegando incluso a la expropiación forzosa a un propietario de una casa desocupada, por la vía de legislar, en palabras de la ministra, «sobre derechos y deberes de los ciudadanos y no sólo de los propietarios»

 

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