El Gobierno socialista y asociaciones islámicas, reconocen que toda vez que la mayoría de la población musulmana de nuestro país no la declaración de la renta. Así que han decidido financiar la expansión del Islam en España con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, a los bolsillos de cada uno de nosotros queramos o no. |
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Entre otras áreas abarcarán la subvención para la contratación de profesores de Religión, la creación de espacios propios en los medios de comunicación públicos, la asistencia religiosa en hospitales, centros penitenciarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Creará un estatuto de los dirigentes religiosos (imanes, pastores y rabinos), con determinación de los específicos derechos que se derivan del ejercicio de su función religiosa, situación personal en ámbitos de tanta importancia como la Seguridad Social y forma de cumplimiento de sus deberes militares; protección jurídica de (los centros) de culto; atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según el rito religioso; asistencia religiosa en centros o establecimientos públicos; enseñanza religiosa en los centros docentes; beneficios fiscales aplicables a determinados bienes y actividades de las comunidades y conmemoración de festividades religiosas.
Tras la reunión entre López Aguilar y los secretarios de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), Riay Tatary, y de la Federación de Entidades Islámicas Españolas (Feeri), Mansur Escudero, el titular de Justicia mostró la disposición del Ejecutivo para financiar las actividades asociativas de las comunidades musulmanas presentes en España, así como a «asegurar la presencia religiosa en el sistema educativo» y en los medios de comunicación públicos.
El principal objetivo socialista es fomentar, sobre todo en el caso de los musulmanes, el asociacionismo.
La cuestión más espinosa es el modo de articular la dotación presupuestaria. Las comunidades islámicas habrían solicitado una dotación anual nunca inferior a los 30 millones de euros. Los musulmanes han rechazado un sistema de financiación similar a la Iglesia católica (que cuenta con una casilla propia en la declaración de la Renta), toda vez que la mayoría de la población musulmana de nuestro país no realiza dicha declaración.
Dicho de otra forma, reconocen que los musulmanes aportan muy poco o nada al conjunto de la comunidad española, al menos vía impositiva, pero exigen que se les financie su expansión a cargo del presupuesto público.
El dinero que recibirán los imanes, saldrá del bolsillo e cada uno de nosotros, queramos o no financiar una práctica religiosa tan “tolerante y democrática” como el Islam.