ROQUETAS DE MAR. El Ejido, Almería, mediodía del viernes. En la cola del «empadronamiento por omisión», al séptimo día de que el Gobierno volviera a cambiar las reglas de juego, las cosas parecían tan poco claras como el sábado anterior, cuando miles de inmigrantes se arremolinaron ante las puertas cerradas del Ayuntamiento. «No esperábamos esa avalancha», confiesa Antonio Martín, director general de Protección Ciudadana de este municipio que, desde el cielo, tiene el aspecto de un tablero de Scrabble en el que las fichas son invernaderos. Durante estos cinco días de abril que han agotado las fuerzas de muchos funcionarios, en esta ventanilla han sido atendido 2.084 inmigrantes, y empadronados, 1.641. Al menos otros tantos esperan en la calle su suerte.

Martín define el escenario de una semana atrás de esta manera: las oficinas de la Seguridad Social estaban vacías porque muchos inmigrantes no habían conseguido el justificante del empadronamiento anterior al 8 de agosto de 2004. «De repente, el Gobierno bajó el listón, y esa bolsa de personas vio su oportunidad». Muchos están aquí esta mañana, con carpetas desgastadas bajo el brazo llenas de legajos inverosímiles que pretenden utilizar como pruebas de su estancia en España, multas de tráfico, facturas de móviles, el justificante de la compra en una librería. Otros muestran el único salvoconducto que con toda probabilidad superará el examen de los funcionarios, la tarjeta sanitaria de la Junta de Andalucía, un documento que, según los técnicos de estos Ayuntamientos almerienses, «se entrega a cualquier inmigrante al bajar de la patera, sin más requisitos, sin estar empadronados, fácil de falsificar».

Hassan el Kourchi, marroquí, con la dentadura convertida en un queso gruyère, llegó a España en otoño de 2003, un día frío en el que el viento azotaba la patera en la que cruzó el Estrecho a cambio de 1.000 euros. Llegó a Cádiz, y allí consiguió la tarjeta sanitaria. Luego viajó a Granada, y más tarde a Murcia. Cuando alguien le habló de las nuevas disposiciones del Gobierno, el pasado fin de semana, metió cuatro cosas en un hatillo y se subió al autobús de Almería. «En Murcia no me servía la tarjeta de la Junta de Andalucía, así que he venido aquí. Llevo cinco días, a la espera del certificado de empadronamiento. Cuando lo logre quizá me quede, si encuentro trabajo, veremos...».

Kourchi aguarda su turno en la plaza Mayor de El Ejido, junto a otros dos centenares de personas que tienen un número con una cita para hoy. Durante esta semana, las mafias han traficado con esos turnos, sobre todo entre quienes no pueden abandonar su puesto en los invernaderos para pasar un día en la cola. En el Ayuntamiento dicen que ahora se controla a quién se entrega cada cita, para evitar el negocio sucio, pero los vecinos del consistorio hablan sin reparos de grupos («tres marroquíes han estado aquí esta mañana intercambiando papeles por dinero») que venden todo tipo de documentos, incluidas falsificaciones. «No creemos que haya muchas, pero los Ayuntamientos no tenemos técnicos para detectarlas», admite Antonio Martín.

Mohamed Ebdellaoui, marroquí también, comunidad mayoritaria en El Ejido, no tiene tarjeta sanitaria. «Me marcho, no puedo más», mastica las palabras. Maatia Abderrahim, un amigo, tiene la cita en la Seguridad Social el día 25, y en el Ayuntamiento, el 27. Ahmed Alí, de Ghana, pagó doscientos euros por cruzar el Estrecho, y hace dos años que se busca la vida en estos campos, a 23 euros por día de trabajo. Hassan Ferchach tiene su cita el 7 de mayo, aunque el azar parece no estar de su parte. Dice que lleva en España desde 1996, y muestra una carpeta atestada de documentos. Sin embargo, Ferchach está empadronado en Palma de Mallorca, por lo que tendría que viajar a la isla para conseguir el certificado, o no pasará el listón. «No sé qué haré, si iré a buscarlo o volveré a casa».

Los funcionarios de El Ejido, Vícar o Roquetas de Mar llevan una semana sepultados por documentos de todo tipo. «Tenemos un criterio de flexibilidad», dice un técnico de El Ejido. Juan Francisco Iborra, jefe de servicios de Inmigración del Ayuntamiento de Roquetas, lo explica con más claridad: «No existe una política de inmigración, si lo entendemos como un conjunto de actuaciones coherentes; hacemos lo que podemos, aunque somos conscientes de que no hay quien organice esto. Ahora estamos aceptando las resoluciones que nos han dicho, pero sabemos que muchos de esos documentos o mecanismos de prueba no son fehacientes, que no prueban nada. Vemos un nombre en un papel, pero en una de las clases que doy tengo tres Sidi Coulibali, de Mauritania. Y ese papel no certifica ninguna continuidad en España, como pide la ley. Puede que se bajara de la patera, lo consiguiera, y haya estado dos años fuera, en Europa». Mientras el jefe de servicios sigue con sus explicaciones, una funcionara comprueba otra tarjeta sanitaria, y una foto que ni de lejos parece corresponderse con el hombre que tiene delante.

Iborra menciona el «principio de Peter» para justificar el caos provocado en este proceso: «Cuanto más arriba miras en la Administración, más ineptos encuentras». En Roquetas esta semana se han atendido a cuatro mil inmigrantes y se han entregado tres mil certificados, en las instalaciones habilitadas en el polideportivo municipal. Los funcionarios desplazados hasta aquí tienen instrucciones de dedicar seis minutos a cada inmigrante, de forma que en cinco días han podido despejar el paisaje de colas y tensión que sobresaltó a todos a principios de semana. «La mayor parte de ese caos se hubiera solucionado si la Junta de Andalucía hubiera pedido el empadronamiento para expedir las tarjetas sanitarias, como hacen otras comunidades».

 

 

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, también sitúa la conflictiva tarjeta sanitaria en el primer lugar de los papeles aportados por los inmigrantes. Amat, sin embargo, tiene sobre su mesa otros documentos que han acentuado la sensación de cansancio que hoy reconoce: órdenes de expulsión basadasacusaciones de tráfico de drogas o robo. “Cometen delitos, nos gastamos el dinero en centros de internamiento, en que esas personas viajen de Canarias a Madrid, por ejemplo, en echarles del país por (en teoría) no menos de dos años, y ahora todo eso vale para empadronarles. Cuando les damos los papeles, y hay muchos casos, piensan que estamos locos, y quizá tienen razón. Es una pantomima”

 

 

John Doe, de Liberia, treinta y nueve años, tiene uno de esos documentos: acusación de robo, sellada en Las Palmas de Gran Canaria el 6 de octubre de 2003. No sabe si ese folio resquebrajado le servirá para quedarse, pero lo intentará, acompañado por algún carné sellado por una ong, y facturas que, en su opinión, acreditan su estancia en España desde 1998. Mamadou Coulibaly, de Mali, llegó a Fuerteventura en patera, pasó por un centro de internamiento,  y recibió una orden de expulsión, sellada el 23 de julio de 2004. En ese folio oficial se prohibía su entrada en España durante dos años. Esta mañana, meses después, sale con su empadronamiento recién conseguido, feliz.

 

En este triángulo de invernaderos (el primero, lo construyó un agricultor local, Paco, el piloto en 1966) temen que el efecto llamada provocado por la gestión del proceso rompa el equilibrio de convivencia logrado. “Me preocupo más por el mañana que por el hoy”, dice el alcalde Gabriel Amat. “Si de repente nos encontramos con tres mil, cuatro mil personas que no tienen trabajo, empezarán los problemas, porque cuando alguien tiene el plato vacío hace lo que sea para llenarlo. Y hay muchas personas a las que estamos empadronando que ni tienen trabajo”. Amat, como muchos técnicos de la zona, creen que a este sur polvoriento han acudido muchos inmigrantes de otros países de Europa, de otras comunidades españolas, “porque aquí es más fácil”. “Les dicen: vete a Roquetas, que allí te arreglan el tema”.

 

Y en Roquetas, en Vícar, en El Ejido, estos días en fiestas, los funcionarios cierran la ventanilla con una mueca parecida a la que se dibuja en la cara de un maratoniano en el kilómetro 42 de la carrera. “Hoy no va más, dicen, mientras en la calle, la cola se estira, se dobla, se quiebra, se agolpa contra los cristales, cuchichea. “Tengo muchos amigos sin tarjeta sanitaria”, dice Sicu Makalou, de Mali. “Pero aún quedan días...hasta el 7. Veremos.