España es el país de la UE donde la piratería ha adquirido mayor relevancia. Son ya miles de puestos de trabajo los que se han perdido por la competencia desleal de las mafias de la piratería, compuestas en sus escalones más altos por inmigrantes chinos. El último escalón de estas “empresas”, lo constituyen los “manteros”, aquellos que venden los CD piratas en la vía pública y que son una variopinta cuadrilla de magrebíes, paquistaníes, senegaleses, etc... Gentes que lejos de integrarse en la sociedad española han pasado a formar parte de la economía sumergida y la delincuencia; que no actúan como motor de nuestra economía sino como lastre y que como todo lastre y en función de su tamaño y peso, corre el peligro de arrastrar al barco al que está atado a lo más profundo del océano.

 

Para intentar atajar el problema el Gobierno va a poner en marcha el Plan Integral contra la Piratería que propone la creación de unidades policiales especializadas en la persecución de estos delitos, especialmente en el ámbito de Internet, y la elaboración de un 'mapa' que visualice las dimensiones del problema en España.

 

La creación de estas unidades policiales, junto a órganos judiciales y fiscales especializados, son algunas de las medidas que cita el borrador de este Plan, y que implica a once ministerios, organizaciones de protección y gestión de derechos de autor y de consumidores, a las administraciones autonómicas y locales en la lucha contra un delito que ha adquirido una dimensión tal que el Ejecutivo lo ha elevado a 'problema político'.

 

 Así lo manifestaba recientemente en el Congreso de los Diputados la ministra de Cultura, Carmen Calvo, quien presidirá una 'Comisión interadministrativa' que será un 'órgano de seguimiento' de la ejecución de este Plan, concebido como 'un instrumento dinámico' y que aspira 'a ser algo más que una mera declaración de intenciones', según el borrador, en el que trabajan todos los sectores implicados.

 

El inicio de esta lucha contra la piratería que propone el Plan incluye un detallado análisis del problema, para lo que se harán estudios que determinen cuál es la aportación del  mundo de la creación al Producto Interior Bruto del país y “cuál es el montante de lo que la Hacienda Pública, es decir  todos, estamos dejando de ingresar por mor del fraude a los derechos de propiedad intelectual'. También el estudio de las consecuencias que la piratería tiene en el desarrollo de las industrias culturales y, especialmente, en la destrucción de empleo 'directo o indirecto' en este sector, será otra de las herramientas con las que el plan pretende cumplir uno de sus principales objetivos: concienciar a la sociedad española de que el pirateo no le beneficia, sino que sus consecuencias negativas, económicas y culturales, también le afectan.

 

'El Plan, en primer y en último término, se dirige a la ciudadanía en su conjunto. Sólo con un reconocimiento social de la propiedad intelectual y de la figura del creador será               posible disminuir, si no eliminar, estos hábitos perversos', cita el documento.

 

También pretende conseguir la información necesaria para hacer campañas y actividades 'personalizadas' para la concienciación de los 'subsectores de consumidores' de estos productos ilícitos. Para ello el CIS hará consultas sobre la apreciación ciudadana  de la piratería en sus encuestas, algo que, junto a los otros estudios, facilitará la creación de un 'mapa de la piratería en España', que, además, dibujará su distribución y trazará  las relaciones de las bandas que operan en este sector 'con otros tipos de delincuencia organizada'.

 

  Además de unidades policiales especializadas, se propone estimular la creación de 'órganos judiciales especializados' y de 'fiscales especializados', así como que el Ministerio Fiscal dicte una instrucción que unifique los criterios de actuación en unos procesos que abordan unos conflictos 'en un ámbito de indudable complejidad técnica'.

 

Analizar las herramientas jurídicas para perseguir estos delitos será otra de las medidas de un Plan que pretende 'combinar las garantías propias de un Estado de Derecho con la  eficacia en la acción represiva' e impedir que las leyes de propiedad intelectual se conviertan 'en una barrera para el desarrollo de las tecnologías.

 

El plan quiere involucrar en la lucha anti-piratería a todos los sectores, desde los titulares y operadores de las telecomunicaciones -para que propicien una oferta legal  'variada, ágil, sencilla y atractiva'- a los productores de software o los dueños de bares, que deberán 'responsabilizarse de que sus locales no pueden convertirse en lugares donde se desarrolla negocios ilegales'.

 

Estimular la formación y la investigación en este campo, especialmente en las universidades, será otro de los ámbitos en los que se moverá el Plan Integral, que también pretende 'evitar políticas contradictorias' en las distintas administraciones públicas y coordinar las actuaciones policiales, especialmente de los cuerpos locales, claves para la 'erradicación' del fenómeno 'top-manta'.

 

Sin embargo el plan adolece de falta de realismo y pasa por alto lo esencial: la piratería se ha desbordado de la mano de la inmigración masiva y descontrolada; señora ministra luche usted contra la inmigración y estará luchando contra la piratería de una forma eficaz. Siga usted negándose a aceptar la realidad y el problema lejos de desaparecer aumentará o aparecerá bajo otra apariencia. No olvidemos que antes de los CD´S piratas los manteros vendían tabaco de contrabando. Después de una eficaz campaña policial se acabo con este problema, pero acto seguido apareció el top manta, demostrando que el problema de fondo es que existe una gran masa de inmigrantes poco dispuestos a integrarse y con la “sana” intención de ordeñar a la sociedad española hasta que no le quede un litro de leche. Ya veremos que ocurre cuando a la “vaca” no se le vean más que las costillas.

 

Por último, todas las actuaciones que propone la ministra de cultura y que hemos citado: fiscales especializados, unidades policiales específicas, programas de concienciación del ciudadano, etc... no van a ser gratis. Sería bueno que Carmen Calvo dijera por cuanto nos va a salir la broma para que los ciudadanos pudiéramos valorar en su justa medida los “beneficios de la inmigración”.