El tribunal de cuentas viene denunciando en los últimos años este trato de favor a las formaciones políticas, y subraya que las condonaciones suponen una aportación extraordinaria no prevista en la ley, que debe prohibirse o autorizarse expresamente.

 

El informe anual de contabilidad permite conocer el nivel de endeudamiento de cada formación y el trato que le dispensó la banca. La auditoría, revela tres anomalías. La primera y más común es la opacidad y el caos que envuelven estas operaciones. Carencia de algunas de las pólizas de las operaciones concertadas; falta de conciliación en determinadas operaciones entre el importe contabilizado y el comunicado por la entidad financiera; falta de contabilización de operaciones concertadas o de los intereses devengados, especialmente los correspondientes a operaciones vencidas”.

 

Aún hay otras dos anomalías excepcionales que constituyen un trato de favor de la banca hacia los partidos:

 

En primer lugar, la existencia de operaciones que no han sido objeto de amortización en los plazos previstos. Esto significa que pólizas millonarias ya vencidas duermen, a veces a lo largo de años, en un cajón sin que el partido la abone ni renegocie su pago. Simplemente se aparcan y olvidan.

 

Pero hay una fórmula extrema de favor bancario. Aquella en la que, como consecuencia de acuerdos expresos o tácitos de renegociación de operaciones de crédito, los partidos obtienen la condonación de parte de su deuda. El Tribunal denuncia que la condonación de deuda supone una aportación extraordinaria para el partido no regulada expresamente en la ley 3/87 (financiación de partidos), por lo que se considera necesario disponer de una normativa expresa que contemple su autorización o prohibición y establezca el régimen al que debe someterse.

 

A la cabeza de la cuantía de las condonaciones se encuentra el Partido Socialista de Cataluña, que acumula una deuda vencida de 14 millones de Euros, casi la mitad de la conjunta de todas las formaciones políticas, cifrada en 32,9 millones. El PSOE nacional se sitúa en segundo lugar, con 6,7, y entre ambos copan el 60 por ciento de los créditos sin pagar. En su último informe el Tribunal de Cuentas documenta que se le condonó un crédito al PSOE en Guipúzcoa. El partido saldó en 2001 con un pago de 84.141,69 euros un crédito suscrito en 1984 por importe de 150.253,23 euros.

 

Estas prácticas vienen de antiguo y ya en el 1999, PNV y Eusko Alkartasuna, se vieron liberados de una deuda de 1.530.120 euros y 843.373 euros respectivamente.

 

El Tribunal de Cuentas describe así la singular relación de EA con la banca, a la que debía en 1999 casi cuatro millones de euros, un millón menos que el año anterior: “Durante el ejercicio se ha renegociado verbalmente la deuda con una entidad de crédito a la que ya anteriormente se le venían haciendo pagos a criterio del propio partido. El acuerdo alcanzado supone la condonación de la deuda por intereses y el no devengo de intereses por el saldo pendiente hasta su amortización”.

 

El PNV, que en ese ejercicio aumentó su deuda con entidades de crédito hasta tocar un techo de 14,1 millones, también alcanzó “un acuerdo verbal” con los bancos para renegociarla. El tribunal sospecha que hubo más condonaciones (“El PNV no aportó documentación alguna que acreditara que las regularizaciones no correspondían a condonaciones de deuda”), pero sólo certifica una por el monto señalado.

 

Otro de los puntos obscuros en la financiación de los partidos son las aportaciones privadas. El límite que establece la ley para las mismas es de 60.000 euros, pero dado que los partidos no revelan el nombre de los “benefactores”, en la práctica es imposible comprobar que se está cumpliendo la Ley. De todas formas, el único castigo previsto por la Ley 3/1987 se deriva de la prohibición de que las aportaciones privadas a cada uno de los partidos rebasen el 5 por ciento de la financiación pública destinada a todos ellos (unos 7,5 millones de euros). Si lo sobrepasan, deberán devolver el doble de la diferencia a las arcas públicas. Hasta ahora, no se ha penalizado a nadie. En este capítulo, partidos como CIU y PP recibieron durante el período 1999-2001, 8.682.900 y 6.885.052 euros respectivamente en concepto de donaciones anónimas.

 

La lista de irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas es interminable y afecta a todos los partidos. ¿De qué mecanismos correctores dispone pues el Tribunal para hacer cumplir la Ley? De ninguno. El Tribunal de Cuentas tiene asignado un fiscal dependiente de la Fiscalía General del Estado, comisionado para actuar cuando detecte irregularidades de las que se puedan derivar responsabilidades contables o penales. Pero como la ley es laxa y apenas hay asideros, jamás han emprendido acciones contra los partidos políticos por causa de sus finanzas. Además en las sesiones parlamentarias en las que se debaten los cíclicos informes del ente fiscalizador, los grupos dejan a un lado sus diferencias para pasar expediente cuanto antes. A ninguno de ellos le interesa tirar de la manta porque debajo de la manta están todos.

 

A tenor de lo expuesto es difícil ver a nuestros representantes públicos como eso, como nuestros representantes. Se nos presentan más bien como piezas de un engranaje bien podrido, como parte de un grupo de cómicos cuya función no es ya la de hacer reír al público que le paga sino reírse de ellos y cobrarles una entrada abusiva. Los políticos y por extensión los bancos se ríen día a día de nosotros. Se lanzan implacablemente sobre los ciudadanos de a pie cuando cometemos infracciones fiscales ridículas, si las comparamos con las que ellos cometen; nos embargan nuestros pisos o nos llevan a juicio si en algo fallamos. La ley para ellos es otra  ¿Hasta cuando?