Artículos: Inmigración: el colapso del Estado del Bienestar
Inmigración

Por Jose Javier Esparza

No hay que minusvalorar la "iniciativa Caldera" de regularización masiva de inmigrantes. El hecho de que el número de solicitudes sea muy inferior a lo esperado sólo significa una cosa: que quienes han estado sacando provecho de la inmigración ilegal piensan que su provecho se extinguirá si legalizan a sus trabajadores. Pero esto no arredrará, al contrario, a un Gobierno dispuesto a repartir papeles sin calcular las consecuencias



¿Qué consecuencias? En el plano socioeconómico, el colapso del Estado del Bienestar, que no es una bolsa elástica que se pueda estirar a voluntad. Si Gran Bretaña, Francia y Alemania han restringido la inmigración, y si Bruselas ha reprochado a España su insensata apertura, no es porque la elite política continental se haya convertido al Inmigración Stop de Le Pen, sino porque la máquina típicamente europea del Estado del Bienestar no da más de sí. Las conquistas del Estado del Bienestar, con educación y sanidad gratuitas y universales, sólo son viables si se pueden financiar con gasto público, lo cual impone forzosamente un numerus clausus: a partir de un determinado grado de demanda, los ingresos del Estado no bastarán para financiar la oferta. Eso es lo que pasa en Europa. Y es lo que pasará aquí.

Los cálculos (interesados) de quienes sustentan el modelo de crecimiento español en la incorporación de mano de obra extranjera se basan en esta ecuación: las cotizaciones de los trabajadores inmigrados permitirán compensar el aumento del gasto generado por esos mismos trabajadores. El error reside en que el gasto es muy superior a los ingresos, porque el que genera ingresos es sólo un trabajador (frecuentemente sometido, además, a paros temporales), pero los que demandan gasto son familias enteras, con hijos y abuelos. En el caso español concurre el factor agravante de que ese aumento del gasto, por la estructura del Estado Autonómico, se concentra en unas pocas Comunidades, obligadas a atender súbitamente un aumento exponencial de las demandas de servicios sociales. Esos problemas los estamos viviendo ya en las urgencias clínicas y en los colegios. La regularización masiva va a exacerbarlos. ¿Qué ocurrirá cuando el gasto público no sea capaz de atender las demandas sociales de la población, tanto autóctona como inmigrada? En el Gobierno nadie dice nada.

Sin duda es loable que los espíritus caritativos se preocupen por los que sufren. Pero la política es un oficio desagradable que impone la obligación de pensar no tanto en el bienestar del género humano como en aquella parte del género humano que más próxima le queda a uno. La inmigración, sin control, crea problemas serios. Por eso es sensato restringirla. Lo hacen en toda Europa. Aquí hacemos lo contrario. Es decir, la insensatez.
 

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