En el año 2004 el 25% de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social han sido inmigrantes, por lo que el 6% de los cotizantes son ya extranjeros. Estos datos podían hacer pensar que la presencia de los inmigrantes puede resolver el problema que plantea el envejecimiento de la población a la continuidad del sistema público de pensiones. Sin embargo, la evolución de la población residente que publicó el INE recientemente nos advierte de que el problema no se puede resolver por este camino. Conviene aclarar que hablamos de un sistema llamado de reparto, que es el que existe en la mayor parte de los países desarrollados porque, a pesar de sus limitaciones, ofrece más ventajas que el otro sistema posible: el de capitalización.

Conviene aclarar que hablamos de un sistema llamado de reparto, que es el que existe en la mayor parte de los países desarrollados porque, a pesar de sus limitaciones, ofrece más ventajas que el otro sistema posible: el de capitalización.

Para entender dicho problema, utilizamos la llamada dependencia: relación entre el número de personas mayores de 65 años —es decir, las que ya han dejado de trabajar—, con las comprendidas entre 16 y 64 años —los que pueden estar trabajando y con sus cotizaciones pagan las pensiones de los ya jubilados—. Hoy, en España la relación de dependencia es el 24,9%. Es decir, poco menos de cuatro trabajadores mantienen con su cotización a un pensionista. Sin embargo, teniendo en cuenta los ritmos de crecimiento de los mayores de 65 años y de los que están activos, el INE calcula que en el 2050 la tasa de dependencia será más del doble (56,1%), por lo que algo más de un trabajador (1,78) deberá sostener con su cotización a un pensionista, lo cual supondría que el que trabaja apenas podría disponer para sus gastos de un poco más de la mitad de su sueldo.

Como se ve, todo se reduce al ritmo de crecimiento de los dos segmentos de población que determinan el grado de dependencia: el de los jubilados —que hoy son el 16,8% de la población total y el 2050 serán el 30,8%— y el de los que están en edad de trabajar —que disminuirán del 67,6% de los 43,5 millones de población residente hoy en España, al 55% dentro de 45 años—. En el segmento de población activa se incluye a los inmigrantes legales, pero como la mayoría de los que vienen para trabajar tienen entre 20 y 40 años, dentro de algo más de dos décadas empezarán a jubilarse y aumentarán por tanto el segmento de los pensionistas y, por eso, en las proyecciones del INE a medio y largo plazo se duplica el grado de dependencia.

La presencia de los inmigrantes está influyendo también en otra de las magnitudes que aumentan la población como es la tasa de natalidad, pero el lento crecimiento que se está dando ya en estos años (1,33 hijos por mujer y 1,53 para el 2050) se compensa con el crecimiento también lento de otra magnitud que influye en sentido contrario: la esperanza de vida (actualmente 80,7 años y 84 en el 2050), por lo que tampoco por aquí se resolvería el problema.

Ante estas dificultades en la mayoría de los países se busca la solución en un sistema mixto, en el que sigue siendo el reparto el mecanismo fundamental, pero se completa con planes de pensiones con el sistema de capitalización.

La inmigración No va a pagar nuestras pensiones solo una política de natalidad lo podría  hacer".