Artículos: Informe, Inmigración, los objetivos no declarados del Gobierno
Inmigración

¿Alguien pensaba que ZP trataba de hacer un favor a los inmigrantes? ¿Alguien pensaba que ZP trataba de "arreglar" lo de la inmigración ilegal? ¡NO! ZP quiere blindarse las próximas elecciones. ¿Después de esta regularización ya no llegarán más pateras? ¿Ya no llegarán más subsaharianos a Canarias? ¿No entrarán más personas ilegalmente de los países del Este por la frontera francesa? ¿No se quedarán en España más hispano-americanos llegados como turistas? El Gobierno del PSOE MIENTE siempre, y no duda nunca en UTILIZAR todo cuanto está en su mano, incluido CAMBIAR las leyes, para hacer política de partido.



Cerca de un millón de inmigrantes ilegales esperan obtener los deseados “papeles” en el período de tres meses abierto por el Gobierno y que concluye el próximo 7 de mayo. El objetivo manifestado por el Ejecutivo es el de acabar con la situación irregular de centenares de miles de inmigrantes, situación que achaca al anterior Gobierno. Pero además de este podría haber otros objetivos no declarados, como sanear las cuentas de la Seguridad Social o conceder el voto a los inmigrantes, lo que podría asegurar un granero de votos para la izquierda.
 
Según el censo de 2003, el número de extranjeros empadronados en nuestro país es de 2,66 millones de personas, mientras que el número de éstos que tienen sus documentos en regla es de 1,65 millones. La diferencia entre ambas cifras, de un millón de personas, serviría para hacer una primera estimación del número de “sin papeles” en nuestro país, y coincide con las cifras que ha dado el Gobierno. De este millón, según las previsiones oficiales, podrían pasar por este proceso de regularización unos 800.000 inmigrantes.
 
No obstante la cifra del millón de ilegales es bastante conservadora, no ya porque los datos están atrasados dado el crecimiento de la inmigración en 2004, sino porque no todos los ilegales se empadronan donde residen. A esto hay que añadir que hay quien está registrado en más de un padrón, o domicilios en los que están empadronados decenas de inmigrantes ilegales. Teniendo todo esto en cuenta, el número real de inmigrantes ilegales en España podría rondar los 1,3 millones de personas.
 
Reagrupación familiar
 
Una vez regularizada la situación de los “sin papeles”, el número de inmigrantes que podría vivir legalmente puede llegar a multiplicarse por el mecanismo de la reagrupación familiar, que permite traer a miembros de la familia que vivan en el extranjero, una vez regularizada su situación. La legislación permite traer al cónyuge si no se está separado y a los hijos propios o los del cónyuge, si fueran distintos y tienen menos de dieciocho años. No son los únicos, ya que también podrán venir legalmente los menores de dieciocho de quienes el inmigrante sea representante legal y a los ascendientes propios o los del cónyuge, cuando se aleguen razones específicas para ello. Esta posibilidad no acaba aquí, ya que la legislación permite también un proceso en racimo, por el que los inmigrantes que adquieran una residencia temporal por reagrupación familiar podrán a su vez ejercer el mismo derecho respecto de otros familiares. Pasados cinco años, el cónyuge que haya llegado por la reagrupación puede solicitar una autorización de residencia independiente del otro cónyuge. Por estas razones, Ángel Acebes afirmó en su día que el proceso de regularización abierto por el Gobierno podría afectar a 3 ó 4 millones de personas.
 
Efecto Llamada
 
Para hacerse una idea de la magnitud del problema hay que tener en cuenta el efecto llamada, por el que los inmigrantes acuden a suelo español al ver que se les abre la posibilidad de obtener los deseados papeles. Este efecto ha sido denunciado por el Partido Popular, que recientemente vinculaba la llegada de 227 inmigrantes con la nueva Ley de Extranjería. Poco después de comenzar el proceso de regularización 50 inmigrantes saltaban la valla de Ceuta y 27 más eran interceptados en Fuerteventura. Pero los mayores indicios del efecto llamada se produjeron antes, en los censos de varios ayuntamientos, como el de Madrid u otros, que ante el rumor de un cambio en la legislación comprobaron cómo este verano crecían los registros de empadronamiento por parte de extranjeros.
El Gobierno por su parte no se limita a negar el efecto llamada derivado de la regularización en masa de los ilegales, sino que lo atribuye, no a la posibilidad de obtener los papeles, sino a la situación contraria, ya que afirma que “la economía sumergida es el verdadero efecto llamada de la inmigración irregular”.
 
Un inmigrante, un voto
 
El Gobierno se planteó ya en septiembre que los inmigrantes que adquieran la residencia pudieran votar en las elecciones municipales. Podría estar pensando en la experiencia francesa, ya que bajo la presidencia de Miterrand se permitió el voto a los inmigrantes residentes, que han resultado ser un caladero de votos para la izquierda. Se ha producido el mismo resultado en otros países europeos, como Bélgica, que también han concedido el voto a los inmigrantes regularizados. No es el único efecto que podría tener en el electorado, ya que un aumento en la presencia de inmigrantes hace electoralmente más fuertes a los grupos de extrema derecha. En las últimas elecciones a la Presidencia de la República Francesa el candidato de la ultra derecha, Jean Marie Le Pen, llegó a disputarle el puesto a Jacques Chiraq en la segunda vuelta.
 
El diario ABC volvió sobre las intenciones del Gobierno revelando que Jesús Caldera, ministro de Trabajo, habría planeado abrir un debate sobre la cuestión, que acabara con la aprobación de la medida. La información fue respondida por la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega, que dijo que no está “en el horizonte del Gobierno” permitir el voto a los inmigrantes. No obstante esta es una vieja aspiración al menos de parte de los socialistas, y Joan Clos, alcalde de Barcelona, volvió a pedir el pasado 10 de enero que los inmigrantes adquieran el derecho a participar en las elecciones locales pasados cinco años de situación legal en España.
 
Sanear las cuentas
 
Otro de los objetivos no declarados de la medida gubernamental podría ser el saneamiento de las cuentas públicas. Al sacar de la economía sumergida a centenares de miles de trabajadores, el Estado aumentaría la recaudación. El Gobierno no ha facilitado cálculos al respecto, pero la cifra podría superar los 2.000 millones de euros en un año basándose en los cálculos más conservadores. El Gobierno espera que el número de inmigrantes sin papeles que cambien su situación legal fuera finalmente de 800.000, que cotizarían por la base mínima de 513 euros al mes. Asumiendo una base de cotización mínima de 513 euros al mes, con un tipo general del 37%, lo que al año resultaría en más de 2.200 euros. En el mes de enero la tasa interanual de crecimiento de afiliaciones a la Seguridad Social cayó siete décimas sobre el mes anterior, hasta el 2,8%. El efecto sobre el IRPF sería más moderado, dado que en principio se les aplicaría el mínimo de retención, del 2%. El Banco de España ha registrado un aumento de las remesas enviadas por los inmigrantes del 18% hasta septiembre de 2004, último mes para el que hay datos.


 
Sin consenso en España y en Europa
 
El procedimiento ideado por el Ejecutivo no ha estado exento de problemas, y todo el plan para otorgar papeles a centenares de miles de inmigrantes ilegales no ha recabado el consenso en España, y es visto con preocupación en Europa. En primer lugar, el proceso. ha dado lugar a un error administrativo que ha hecho inútiles las colas de miles de inmigrantes ante la Seguridad Social, ya que presentaron con volantes y no con certificados de empadronamiento, como exige la Ley. Ante esta situación, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se planteó la posibilidad de que se diera el volante por válido. Poco después sería desmentida por el Ministerio de Trabajo, que negaba tal posibilidad. Por otra parte, el Ministerio se puso en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para aclarar este aspecto de la ley. De todos modos la colaboración efectiva dependerá de la voluntad política de los ayuntamientos, que el Gobierno ha pedido expresamente.
 
Además del error burocrático de los volantes, que ha hecho inútiles las colas de miles de inmigrantes ante las sedes de la Seguridad Social, podría haber problemas más serios con la documentación, como la venta de documentos falsos. El portavoz popular Eduardo Zaplana denunció en la pasada sesión de control del miércoles, 9 de febrero la venta de contratos falsos por 1.000 euros, y certificaciones de empadronamiento también falsos por unos 500 euros. Zaplana acusó al Gobierno de abrir un proceso de “regularización masivo”, en lo que consideró “una política de irresponsabilidad temeraria”. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega defendió la política del Gobierno diciendo que “el Gobierno está abordando una compleja situación de manera responsable, legal y ordenada, regularizando lo irregular, ordenando lo desordenado, legalidad frente a ilegalidad”.
 
Otra de las críticas de Zaplana a Fernández de la Vega es la falta de coordinación con el resto de Gobiernos europeos. El ministro del Interior alemán, Otto Schily, advirtió de que “este proceso de legalización tendrá consecuencias para el resto (de Europa) porque los inmigrantes podrán desplazarse libremente a Francia o Alemania”, extendiendo las consecuencias de la regularización y del efecto llamada al resto de los miembros de la Unión. Ante la iniciativa del Gobierno español Otto Schily ha hecho un llamamiento a la coordinación con las políticas europeas, diciendo que “debemos trabajar juntos”. En el mismo sentido, el ministro de inmigración holandés pidió a España que coordinara su política con otros estados de la UE, durante una reunión en Bruselas.
 
De hecho, en la misma sesión de control Zaplana sugirió al Ejecutivo que “si no nos quieren escuchar a nosotros, escuchen a los Gobiernos de la UE y coordínese con ellos para una inmigración responsable. Fernández de la Vega respondió interpretando la política de la UE, sin hacer mención de los responsables europeos citados: “La UE asocia trabajo e inmigración y establece políticas que son las que hace España”. El secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, acusó al Gobierno en declaraciones a Federico Jiménez Losantos en la COPE de haber “roto una política europea en la que habíamos sido protagonistas a la hora de conformarla”. También explicó los principios que habría de seguir la política de inmigración según su partido: “la entrada de inmigrantes tiene que ser en función de las posibilidades de ofrecerles trabajo, que esos contratos vengan de los países de origen y que se pueda hacer de una manera selectiva”.
 

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