De la prensa: Las policía pide investigaciones adicionales para no regularizar delincuentes
Inmigración

La posibilidad legal, como ocurre en Ecuador, de que ciudadanos extranjeros puedan anular sus antecedentes penales en el país de origen más fácilmente que en España ha suscitado inquietud entre sindicatos de policía. Ante el nuevo proceso de regularización de inmigrantes que se abrirá en febrero, estas organizaciones reclaman al Gobierno español investigaciones adicionales de las posibles actividades delictivas de los solicitantes



L D (Europa Press) La alarma saltó el año pasado cuando se comprobó que un ciudadano ecuatoriano, ya detenido como presunto asesino de una joven en Lérida, había obtenido sus papeles en el proceso de regularización por arraigo abierto en 2001, a pesar de que en Ecuador fue condenado por ocho asesinatos y cumplió pena de prisión hasta que fue indultado. Aunque en aquella ocasión el Ejecutivo no solicitaba certificado de penales del país de origen del inmigrante para acceder a la regularización, en el expediente del presunto asesino consta que en 2003 las autoridades ecuatorianas remitieron a las españolas un certificado de penales en el que no constaba ningún delito.
 
Ahora, tras la aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, el Ejecutivo abrirá una nueva regularización para trabajadores extranjeros en situación irregular a los que, esta vez sí, exigirá certificado de penales tanto en España como en el país de origen, con el fin de evitar que se repitan casos como el mencionado.  Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía, coinciden en que el requisito del certificado de penales en el país de origen no supone un filtro del todo seguro para evitar que lleguen delincuentes a España, aunque recuerdan que en el pasado ni siquiera se requería.
 
Así, el portavoz del SUP, José María Sánchez Fornet, plantea la necesidad de que España se dirija tanto a Ecuador, como a otros países emisores de inmigración en los que es posible que también exista borrado de antecedentes, para alcanzar una fórmula legal que garantice que los delincuentes no se mueven impunemente de un país a otro. A su juicio, la legalidad del borrado de antecedentes penales de algunos países es "es un problema más para el proceso de regularización, ya que pueden colarse delincuentes". Por ello, cree necesaria la implicación especial de países en los que esto ocurrre, como es el caso de Ecuador, con el fin de que la coordinación policial permita verificar la actividad delictiva mediante otros archivos, como los judiciales o policiales, aunque no tengan validez a la hora de hacer certificaciones institucionales.
 
Fórmulas para obtener información segura
 
No obstante, reconoce que este camino puede plantear problemas legales y recursos judiciales contra las decisiones de denegar una regularización en base a esta información, que podrían llegar a otorgar los papeles al extranjero por vía judicial. Por ello, insta a España a que busque con los países de origen fórmulas legales para obtener esta información de forma segura.
 
Mientras, Isidro Zamorano, portavoz del CEP, considera que habrá que coger "con pinzas" estos certificados de penales del país de origen. "Se nos pueden colar delincuentes--aseguró--. No es seguro al cien por cien, y habría que buscar otro medio para saber si esa persona ha delinquido o no".
 

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Unión Federal de Policía, José Luis Morán, planteó la posibilidad de analizar los antecedentes policiales, en caso de que en estos países ocurra lo mismo que en España (datos manejados por la policía respecto a sus detenidos en los que constan intervenciones y detenciones) y que no se cancelan si no se solicita por el imputado. Normalmente, estos datos, según comentó, son facilitados siempre que sean requeridos por la policía española, al igual que los antecedentes penales, pero no se da la información si no se solicita. Por eso, una de las reclamaciones es que estos ficheros tengan un acceso más directo por parte de las policías de los diferentes países al objeto de verificar las actividades delictivas. A su juicio, lo más eficaz sería que Ecuador cambiara su legislación respecto a los antecedentes penales.

 

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